Un hecho disruptivo se interpuso en la cansina marcha que llevaba el juicio entre la empresa que administra la Terminal de Ómnibus de la capital y el Gobierno provincial. El viernes, la Fiscalía de Estado denunció penalmente al abogado José Roberto Toledo, uno de los letrados que lleva adelante el planteo de la concesionaria.
Con la firma del director judicial de la Fiscalía, Leonardo Francisco Debono, la Provincia pretende que se investigue si la conducta del reconocido letrado podría tipificarse en la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
¿Cuál es el fundamento? El abogado del Estado recuerda que Toledo, apoderado de la Terminal del Tucumán SA, ocupó durante la gestión del ex gobernador Ramón “Palito” Ortega varios cargos: secretario de Relaciones Institucionales, representante de la provincia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, y asesor del Poder Ejecutivo; este último entre julio de 1994 y octubre de 1995.
“Esto tiene extrema relevancia porque fue justamente durante la gestión de Ortega que se construyó y se elaboró la arquitectura jurídica de la concesión de la actual terminal de ómnibus”, relató Debono.
“Hasta allí, que el abogado Toledo resulte ahora el apoderado de la Terminal implicaría un típico caso de puerta giratoria donde los funcionarios que integran gobiernos que otorgan concesiones terminan luego de empleados de esas mismas empresas al culminar la gestión. Esta conducta puede ser examinada moral y éticamente por la sociedad pero no configuraría, prima facie, delito alguno”, prosiguió.
La Fiscalía de Estado entiende que la conducta del abogado “va mucho más allá”. “El poder general judicial que él mismo (Toledo) acompaña en el proceso judicial fue otorgado por Terminal del Tucumán SA el 4 de agosto de 1994, en un registro notarial de Buenos Aires. Es decir, ese poder le fue otorgado por la empresa 10 días antes del decreto que lo designaba como asesor del PE, con rango de secretario”, plantea.
Según la denuncia, otro hecho significativo se produjo en aquel momento: “Mientras el abogado Toledo revestía ese doble carácter (asesor del PE y apoderado de la empresa) la Provincia suscribió con Terminal del Tucumán SA, el 15 de diciembre de 1994, un convenio por el cual las partes acordaron específicamente modificar las pautas existentes en relación con el ‘toque de andén’”. Según el punto 5° del convenio al que se hace referencia, la Provincia dejó de percibir las tasas por “toque de andén”. “Dicho convenio implicó para el Estado Provincial concedente la renuncia por todo el plazo del contrato a su participación en la recaudación de las tasas o tarifas por toque de andén”, sintetizó Debono.
Precisamente, esta denuncia de Fiscalía de Estado surge a colación de lo que ocurrió luego de esa modificación en el convenio. Ya en 2006, la Terminal promovió una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia para reclamar una indemnización varias veces millonaria. En ese juicio, la empresa exige la suma que surja del cálculo por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados.
Según la firma, el Estado estaba obligado a dictar las normas para el ingreso obligatorio de los ómnibus y a emplear todo su “potencial cohercitivo para que ese ingreso sea efectivo en forma integral”. Según Fiscalía, en la etapa probatoria de este juicio, todos los escritos de Terminal del Tucumán SA tienen la firma del abogado Toledo.
La respuesta de Toledo: “Es un Gobierno de tropelías y abusos”
El abogado José Roberto Toledo no tiene dudas de que el Gobierno, y particularmente el fiscal de Estado Daniel Leiva, iniciaron una campaña de desprestigio en su contra por “impotencia jurídica” y para “callar las voces disidentes”.
“Son burdas maniobras. Resulta absurdo y torpe pretender darle significación alguna a hechos presuntamente ocurridos hace 24 años, máxime, cuando la versión que cuentan es falsa e inexistente, no solo porque no tuve ninguna participación en esos hechos sino porque se omite consignar que la concesión es de 1990 (anterior al gobierno de Ortega) y que la modificación realizada fue a pedido y exigencia de los empresarios de transporte y en beneficio del público usuario”, planteó en un escrito.
“He derrotado a la Fiscalía de Estado en todos los juicios que vengo planteando en defensa de los derechos de los ciudadanos: sean derechos previsionales (82% móvil), cívicos (escandalosas elecciones de 2015), republicanos y, en general, de todos aquellos derechos -sean o no de contenido patrimonial- que han sido avasallados por el poder político en una verdadera negación de la república y el Estado de Derecho”, amplió.
“Esta denuncia obedece a una reciente victoria de este letrado en los derechos representados en sede judicial. Leiva pretende trasladar responsabilidades propias derivadas de su ineptitud y, groseramente, intenta presionar a los jueces para revertir sus categóricas derrotas, en la intención de ganar en la prensa lo que no supo ganar en procesos judiciales”, dijo.
Según el abogado, la gestión de esta Fiscalía de Estado es pésima. “Vengo denunciando hace tiempo que es la peor gestión de la historia y que con absoluta mala praxis la Fiscalía de Estado ha generado perjuicios enormes a las arcas públicas, y que es hora de que afronten sus responsabilidades con su patrimonio personal. Hay decenas de casos documentados de inequívocos perjuicios económicos derivados de la impericia profesional, a lo que hay que adicionar los generados por el plan “Mas Cerca” en el interior de la provincia y la proyectada venta sin licitación de las acciones de la Provincia al Banco Macro, que, de concretarse, será sin dudas el mayor escándalo financiero de la historia de la provincia”, advirtió.
El abogado insistió en que se pretende “disciplinar” con esta denuncia: “Avisando que todo el peso del aparato gubernamental ha de caer en contra de aquellos que pretendan denunciar inconductas e ilegitimidades de un Gobierno que nació en la cuna de un escándalo histórico y realizó cuanto acto de tropelía y abuso es posible, al amparo de la inexistencia de una ley de información pública y una desfachatez inaudita por la que siguen resistiéndose a cumplir con su obligación de rendir cuentas de sus actos y, especialmente, de las escandalosas valijas de 2015”.
fuente: contexto
