Cristina Kirchner tomó distancia del decreto que prorrogó la concesión de la explotación de la Hidrovia del Río Paraná, por el cual el empresario Gabriel Romero declaró ante la Justicia haber pagado una coima de 600.000 dólares.
A través de su página de Facebook, la expresidenta publicó una carta titulada “Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”, en la que acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio por “el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido”, acusación que extendió también a la cúpula del Poder Judicial, a los medios de comunicación y al Gobierno por dar su “beneplácito” a una situación “escandalosa”.
El texto comienza con Cristina Kirchner minimizando las revelaciones de los cuadernos de las coimas y concluye denunciando la “catástrofe económica y social” de Cambiemos . Pero el eje está puesto en señalar que la firma del decreto 113/10, que extendió hasta 2021 la concesión para el Grupo Emepa de la Hidrovía del Río Paraná, fue el resultado de un proceso que incluyó una resolución de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), seguida de dictámenes de la Procuración del Tesoro y la Sigen, de aportes de la Cancillería y de la intervención del Congreso.
La expresidenta dijo que, por todo ese proceso, estaba “obligada” a firmar el decreto. “Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”, sostuvo, para elevar la apuesta: “Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos”.
El primer párrafo de la carta está dedicado a relativizar la causa que instruye Bonadio y a ningunear tanto al remisero Oscar Centeno como al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, quien relató la existencia de bolsos con dólares por sumas millonarias en el dormitorio del departamento de Recoleta de los Kirchner.
“He decidido no hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio”, comienza la publicación de Cristina Kirchner, que justificó su reacción y la publicación de la carta por la “indignación” que le produjeron las noticias sobre la confesión del empresario Romero.
A partir de ahí, y a lo largo de once puntos, relató que por la salida de la convertibilidad en 2002 se volvió obligatorio renegociar los contratos de obras y servicios públicos, incluido el de la Hidrovía, originado en 1995, y que para eso Néstor Kirchner creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).
Agregó que la Uniren llegó a un acuerdo en 2007 con Hidrovía SA, pero que el acuerdo la perjudicaba en la liquidación del IVA. Allí entra a tallar el Congreso, que sancionó la ley 26.543 en 2008 para modificar la tributación de la empresa. “Por UNANIMIDAD [sic]”, resaltó la expresidenta.
Cristina Kirchner relató luego que el acuerdo entre Uniren e Hidrovía fue sometido a audiencias públicas y revisado por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
“Lo más distintivo de este proceso fue que, por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Naciona”, continúa la carta.
“O sea, sin Parlamento, no había decreto”, agregó Cristina Kirchner, para concluir que, con las modificaciones propuestas por el Congreso, más los aportes de la Procuraduría, la Sigen y la Cancillería, la empresa Hidrovía SA firmó el acuerdo final con la Uniren en 2009. “Correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113”, finalizó.
FUENTE: LA NACION
