Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, lamentó y cuestionó el pase de Daniel Leiva de la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán cuatro días después de que la Legislatura prestara acuerdo al movimiento solicitado por el gobernador Juan Manzur.
“Una vez más el Gobierno sucumbió a la tentación de la Justicia adicta”, opinó a título personal el dirigente de la abogacía -la entidad intermedia donde la oposición a Billone hoy tiene la mayoría no se pronunció en los momentos previos al nombramiento, pese a que existió la intención de convocar a una sesión extraordinaria-. El presidente del Colegio calificó al desembarco de Leiva en el Poder Judicial de “oportunidad perdida” y advirtió la continuidad de un “modus operandi” que genera sospechas sobre la independencia del magistrado supremo.
“El deceso inesperado del vocal Antonio Gandur hace un mes exacto y dos días antes del comienzo de la feria de verano otorgó a Manzur la ocasión inmejorable de implementar mecanismos transparentes para la cobertura de la vacante (…). Lejos de ello, el Gobierno volvió a aplicar la receta de la designación de un secretario o fiscal de Estado con evidente identificación política con el oficialismo”, expresó Billone mediante una nota manuscrita que entregó ayer a este diario. En paralelo, Leiva dialogó este martes con el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, y con la vocal Claudia Sbdar en el Palacio de Justicia, mientras Eleonora Rodríguez Campos juraba en la Fiscalía de Estado en la Casa de Gobierno. El ex funcionario de Manzur asumirá en la Corte el 6 de febrero a las 12.
El decreto de Kirchner
Recién llegado de unas vacaciones en la costa y antes de reintegrarse oficialmente al Colegio, Billone aseguró que urge restablecer la confianza de la sociedad en la Justicia. A los efectos de revertir “esa imagen devaluada”, planteó la necesidad de que Manzur se autolimite en su facultad discrecional para nombrar la cúpula judicial -potestad hoy sólo supeditada al visto bueno de la Legislatura- como hizo en su momento el ex presidente Néstor Kirchner en aras de aumentar el prestigio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (mediante el Decreto 222 de 2003, que aún está vigente). La cesión de poder que propone el presidente del Colegio implicaría que el gobernador publique el curriculum vitae del candidato, y otorgue a la ciudadanía un plazo suficiente para analizar los antecedentes y, eventualmente, para impugnarlos.
La designación de Leiva fue anunciada el lunes 21 de enero. Cuatro días después los legisladores dieron el acuerdo con 30 votos a favor y 6 en contra en una sesión de 15 minutos. El sector de Cambiemos sostuvo que la designación hería la imparcialidad de la Justicia y la república. La oposición también cuestionó el nivel profesional de Leiva, quien se recibió de abogado con promedio 3,7 y 21 aplazos. “Es un gran hombre que va a defender a Tucumán”, opinó por su parte Manzur.
Billone llamó la atención sobre la rapidez del trámite practicado durante el receso de enero por parte de un Gobierno al que su Colegio demandó en la Justicia por su lentitud sistemática para cubrir los despachos de jueces, fiscales y defensores oficiales a partir de las ternas de candidatos surgidas de los concursos públicos de antecedentes y oposición -el juicio en cuestión fue iniciado en 2017, en la Corte provincial, y aún no tiene sentencia-.
“Las circunstancias eran óptimas para incorporar un mecanismo parecido al que existe en la Nación desde la presidencia de Kirchner puesto que no había urgencia alguna”, reflexionó Billone. Según el dirigente, la posibilidad de que la sociedad opine sobre los candidatos a la Corte legitima los nombramientos judiciales decididos por el poder político. “Pero en definitiva no hubo intención de innovar en la modalidad de elección y el Gobierno otra vez buscó la tranquilidad que confieren los Tribunales dependientes”, criticó. Billone recordó que en Tucumán hay abogados con formación jurídica sólida al igual que magistrados probos. Y añadió: “la elección de un funcionario en ejercicio y políticamente comprometido con la gestión de gobierno poco aporta a la buena salud de las instituciones más allá de las calidades personales o del trabajo desarrollado en la Fiscalía de Estado”.
fuente:losprimeros
