En una sesión que duró poco menos de cuatro horas y en la que no se registraron discusiones, la Cámara alta aprobó el proyecto que la semana pasada había tenido el “ok” de Diputados
En una sesión que duró poco menos de cuatro horas y en la que no se registraron discusiones entre los legisladores, el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria por unanimidad con 61 votos a favor.
Si bien en el cierre del presidente del bloque del PRO Luis Naidenoff se registraron algunos cruces, sobre todo con el senador peronista José Mayans, el proyecto se aprobó con unanimidad.
En su discurso, el radical formoseño criticó a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner: “Tuvieron tiempo, gobernaron 12 años con recursos, con commodities y con poder: tuvieron mayoría en ambas cámaras, gobernadores que los acompañaron, y un poder sindical y empresarial que también acompañó”. Mientras hablaba Naidenoff, el también formoseño Mayans le reprochaba sus dichos desde su banca.
En esa línea, Naidenoff redobló la apuesta y dijo que “cuando uno asume en default, con cinco tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Irán y Venezuela, y sin margen porque te dejaron sin reservas, ¿cómo financiás un Estado?”.
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La sesión había fluido sin problemas hasta ese momento. La primera senadora en hacer uso de la palabra fue la salteña Cristina Fiore Viñuales, del bloque PARES, quien dijo que “esta sesión es una oportunidad para que quienes tiene la oportunidad de decidir vean que este tema no es un eslogan de campaña, existe y es vergonzoso“.
La santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, apuntó contra la política económica y sostuvo que “estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la Argentina una y otra vez en estas situaciones de emergencia“.
A su turno, el formoseño José Mayans, del bloque Justicialista, anticipó que votará a favor del proyecto pese a no estar de acuerdo porque, según dijo, “el 80%” de los fondos destinados a la emergencia “se lo lleva la ciudad de Buenos Aires“.
Por su parte, el presidente del bloque Justicialista dijo que “el hecho de que Argentina se encuentre en esta situación es una verdadera tragedia si tenemos en cuenta la potencialidad de nuestros recursos naturales y la potencialidad en la producción de alimentos”. “Es una circunstancia trágica que Argentina le venda alimentos a 400 millones de personas en el mundo y que no sepamos cómo resolver el hambre de 15 millones de argentinos“, agregó.
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En esa línea, dijo que “no hay soluciones mágicas” y resaltó que “más allá de quien gobierne, la única solución pasa por generar que la Argentina crezca”.
En tanto, el senador Fernando “Pino” Solanas señaló que “por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una tasa de indigentes enorme, y hoy 5 millones de argentinos comen una sola vez por día”.
En ese sentido, hizo una comparación entre la crisis económica y social actual con la de 2001 y dijo que la administración de Macri “está terminando con bastante similitud, aunque no se exprese en la forma que se expresó en 2001”. En esa línea, dijo que “si algo expresa la política nacional de estos tiempos es la deshumanización. Los valores y los derechos humanos no están en el primer rango. Hablamos de los que tienen hambre y de los desnutridos como cifras“.
“En un gobierno no puede haber mayor fracaso que tener un índice de pobreza como el que tiene la Argentina, siendo un país productor de una enorme riqueza alimentaria“, destacó Solanas, que respecto del proyecto de ley dijo que “tiene sus límites y que quizá no sea del todo justa”. Sin embargo, resaltó que “la alimentación es un derecho garantizado por pactos internacionales y por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año. Establece un “incremento de emergencia” como mínimo del 50% “de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición“.
fuente:infobae
