Lo decidió el juez Luis Rodríguez. El exministro de Energía está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. La titular de la Oficina Anticorrupción, de encubrirlo.
El juez federal Luis Rodríguez procesó hoy al exministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y supuesto encubrimiento, respectivamente.
La decisión del magistrado se dio luego de las declaraciones que ambos prestaron la semana pasada en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, ante su juzgado. Aranguren lo hizo el miércoles 20 de noviembre y Alonso una semana después, el 27. Ambos negaron los cargos.
La denuncia data de 2016 y fue realizada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate. Al exministro se lo acusa de haber asumido y luego desempeñado su cargo en la cartera de Energía mientras mantenía un paquete accionario en Shell. Desde la oposición siempre lo señalaron por estar “de los dos lados del mostrador” por poseer $16.326.051 en acciones clase A de la Dutch Shell PLC, empresa de la cual fue directivo hasta el momento de su designación en el Ministerio de Energía y Minería.
En el caso de Alonso, se la acusa de haber encubierto esa conducta, ya que, como titular de la Oficina Anticorrupción, estaba obligada a investigarlo y, si correspondiera, sancionarlo o removerlo, como establece de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Rodríguez le imputa a la funcionaria saliente haber actuado “con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería”.
Las declaraciones
En su escrito de 15 páginas, Alonso explicó que, cuando Aranguren presentó su declaración jurada en abril de 2016, inició de oficio un expediente administrativo y señaló que, tras ese paso, no se detectó que Aranguren haya violado la ley de ética pública.
“No surgía su intervención en los expedientes promovidos por Shell ante el Ministerio de Energía y Minería ni en las operaciones de compra de gas oil a STUSCO (NdA: una compañía subsidiaria de Shell)”, sostuvo. Además, recordó que cuando se amplió la investigación, Aranguren aceptó y cumplió la recomendación de vender sus acciones en Shell.
“Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo; que no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada; y desempeñé mi función pública con total integridad, probidad y buena fe”, aseguró la exdiputada del PRO.
“Nunca me interesé por un proveedor, siempre fue en beneficio del interés público“, manifestó, por su parte, Aranguren. “El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías pretroleras. Porque el precio que recibieron entre 2016 y 2017, que es lo que aquí se denuncia, era el mismo que provenía de un plan diseñado por la anterior administración”, argumentó sobre los tarifazos.
Sobre el otro punto, la compra de gas a Chile, el exfuncionario afirmó que solo se reemplazó “un gas que venía de Bolivia” porque en ese país no había “mayor capacidad de las plantas de regasificación” y sostuvo que “era siempre más conveniente importar gas previamiente regasificado en Chile que consumir gasoil, lo cual le significó al Estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.
