La suspensión del índice de movilidad jubilatoria supondrá, en este primer trimestre, que el 55% de los beneficiarios del sistema podrían recibir una actualización de ingresos por encima de la inflación. El pago de los dos bonos representó una reasignación de recursos por $ 45.000 millones
Esta semana finalizó el pago del segundo bono que otorgó la Anses para los jubilados que perciben un haber de hasta 19 mil pesos. La medida establecida por el Gobierno implicó un gasto fiscal de 45 mil millones de pesos, según cifras difundidas por Santiago Fraschina, secretario general del organismo. Los adultos mayores que reciben el haber mínimo de 14.068 pesos serán los grandes ganadores tras la suspensión de la ley de movilidad previsional, dado que entre los bonos de 10 mil pesos y la suma fija que dará el Gobierno en marzo, tendrán aumentos muy por encima de lo que hubieran percibido con la ley jubilatoria.
Sin embargo, serán perjudicados aquellos en los que la suma fija de los aumentos por decreto (se aplicarían en marzo) que represente un porcentaje menor al 11,6 que hubieran recibido con la fórmula suspendida, y por ende, perderán poder adquisitivo. La estrategia del Gobierno detrás de la suma fija es buscar mayor “equidad”. Pero además, la suspensión de la ley por 180 días tiene una lógica económica: “No podemos ser irresponsables con la situación fiscal que tenemos”, indicó Santiago Cafiero en una entrevista.
Gasto fiscal
La inversión estatal en el bono brindado en diciembre y luego enero fue de 45.577 millones de pesos. Los 2,7 millones de jubilados que perciben la mínima recibieron 10 mil pesos, por lo que el gasto fue de 27.745 millones de pesos. También recibieron ese bono: 1,4 millones que cobran pensiones (esfuerzo fiscal de 14.144 millones de pesos) y los 152 mil adultos que reciben la Puam (gasto de 1.517 millones). En cambio, los 370 mil jubilados de entre 14.068 y 19.068 mil pesos recibieron una transferencia media de 5.830 pesos, un gasto de 2.161 millones de pesos.
De esta forma, 4,7 millones de personas recibieron el bono, es decir, el 55 por ciento de los 8,5 millones de titulares de jubilaciones y pensiones. “Los bonos otorgados cubren todos los aumentos que tendría la mínima en todo el semestre y más que compensa a los que tengan Puam y pensiones”, indicó a este diario Alejandro Calabria, magister en Economía y especialista en seguridad social. Igualmente, por más que la fórmula de movilidad esté suspendida por 180 días, los aumentos siguen vigentes. Se darán por decreto cada 3 meses con una suma fija. El Gobierno confirmó que la “inmensa mayoría” de los jubilados recibirá más del 11,6 por ciento previsto, es decir, al menos 1631 pesos. Así, entre la suma fija y el bono bimestral, este sector ganó más de lo que hubiera percibido con la ley sancionada en 2017.
Financiamiento
El régimen previsional hace tiempo que dejó de ser contributivo, es decir, que se financia con impuestos además de los aportes y contribuciones. Sin embargo, en los últimos años profundizó su déficit por el programa de reparación histórica, que aumentó el gasto en un 0,5 por ciento del PBI, la caída del salario real, el aumento de la informalidad y la baja en las contribuciones patronales. En tanto, Calabria opinó que la ley de Solidaridad Social sancionada en diciembre contribuye a mejorar la situación fiscal de la Anses. Primero porque suspende la actualización del mínimo no imponible para las contribuciones de las empresas y porque el impuesto País del 30 por ciento se destina en un 70 por ciento a la seguridad social. “Las medidas mejoran en un 0,7 por ciento la situación fiscal de la Anses”, dijo el economista.
La situación fiscal es un tema clave del debate. El sistema previsional representa el 50 por ciento del gasto total nacional. “La fórmula vieja ajustaba por inflación, por lo que una reducción de la inflación hace que el gasto ajustado por inflación vieja y recursos con inflación nueva más baja genere problemas fiscales. Era claro suspender la movilidad si se pretendía reducir la inflación”, explicó Sergio Rottenschweiler, economista e investigador de la Universidad de General Sarmiento. Incluso, el abogado previsional Guillermo Jauregui relacionó la medida con las negociaciones con los acreedores. “Las jubilaciones son 50 mil millones de dólares anuales y las exportaciones con suerte llegan a 80 mil. Y encima están indexadas, lo que dificulta bajar el déficit para demostrar a los acreedores que podemos pagar la deuda”, aseguró.
Pese a las ventajas fiscales de la suspensión de la movilidad y a los aumentos mayores que recibirán los jubilados en situación más vulnerable, analistas económicos resaltan que quienes van a salir más perjudicados son los adultos de mayores ingresos en los casos en que la suma fija otorgada no supere el 11,6 por ciento que hubieran recibido con la ley de movilidad suspendida. Resaltan además que este segmento es el que ingresó al sistema previsional sin los años necesarios de aportes. Según Rottenschweiler, el 35 por ciento de los jubilaciones actuales ingresaron al sistema sin ningún mecanismo de moratoria. “Probablemente un segmento va a perder”, admitió Cafiero en una entrevista. Pero consideran que la “inmensa mayoría” va a ganar, dado que el 80 por ciento de las jubilaciones son para menos de 19 mil pesos.
fuente: pagina12
