El fiscal federal Gerardo Policita abrió una investigación formal para analizar la “maniobra” contra el Estado a través de la cual González Fraga, en su condición de autoridad del BN, cedió 18.500 millones de pesos a la principal aportante de Cambiemos. Los dos responsables de la empresa también quedaron imputados. En el dictamen, señala que el crédito “superó los limites” y que luego además obtuvo una refinanciación “sin hacer las cancelaciones correspondientes”.
El fiscal Gerardo Pollicita imputó al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a dos responsables de la empresa cerealera Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, por el préstamo “irregular” de 18.500 millones de pesos que le otorgó el Banco Nación , “maniobra por la cual –señaló– se habría perjudicado al Estado Nacional”. Vicentin fue la principal aportante privada a la campaña de Juntos por el Cambio el año pasado.
La firma agroexportadora nunca pagó sus deudas con el Nación, entidad con la que tiene compromisos pendientes por 350 millones de dólares, lo que representa más de un 20 por ciento del patrimonio de la entidad. En diciembre la empresa, una de las que más facturó con el gobierno de Mauricio Macri, se declaró en cesación de pagos y luego entró en convocatoria de acreedores, lo que anuncia que no pagará lo adeudado .
Pollicita tomó como base el informe del Banco Nación, que hoy encabeza Claudio Lozano, y que permitió detectar los préstamos millonarios sin saldar. El dictamen recuerda que entre 2015 y 2018 Vicentin tuvo “un considerable crecimiento aumentando notablemente sus venta, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking, al sexto puesto general y primero en su actividad, al mismo tiempo que verificó un aumento de sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el BNA (Banco Nación)”.
La sospecha planteada en el dictamen de la fiscalía, y también en la denuncia que hizo Fernando Miguez y que dio origen a la causa, es que la deuda de Vicentin con el Nación a cargo de González Fraga, “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas y sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición ‘Juntos por el Cambio’, que la ubican como principal contribuyente”.
Si bien Lozano no declaró aún en el expediente, el planteo de Pollicita se apoya en un informe de su autoría que se puede consultar en la página web de su fuerza política, Unidad Popular, y que dice: “La decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión”.
Lozano agrega que pudo saber en el Banco Nación que “en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentin para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.
El incumplimiento de Vicentin con sus pagos –según el documento– fue casi simultáneo con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), poco después se declaró en situación de “estrés financiero” y el 10 de febrero pidió la apertura del concurso preventivo. El informe de situación de Vicentin citado por Pollicita muestra, en contraste con ese panorama, la curva ascendente de su facturación: 66,7% en 2016, 35 % en 2017, 92,4% en 2018, “lo que dificulta comprender la alegada crisis”, dice Pollicita.
Todo indica que la empresa utilizó como argumento para justificar su crisis que sus pasivos eran en dólares y sus activos en pesos, cuando –en rigor—sus productos son exportados y darían ganancias en la moneda estadounidense. Otras circunstancias sospechosas señaladas son el acuerdo estratégico con el Grupo Glencore al que se le pagó con una cesión del 16,67 de las acciones de Renova; en 2018 Vicentin habría aportado a la AFIP solo 2,4% de las ganancias declaradas, que a la vez calculó con un mecanismos que permitía retraerlas.
Según el planteo de Lozano, que reproduce Pollicita, “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin. El principal aportante de Juntos por el Cambio en la última elección comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación casi en simultaneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri. La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero” .
Respecto de los aportes de campaña, el informe señala que por diferentes empresas de su grupo Vicentín “realizó una donación total de $13.500.000”. De este total especifica que se se repartieron aportes de $4.500.000 por Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar S.A. Agrega que llamativamente otro grupo económico que hizo los aportes realizó más altos a Cambiemos en las PASO “es otra del mismo rubro que Vicentín: en este caso se trata de Aceitera General Deheza, que aporto $10.000.000”.
La fiscalía se propone reconstruir la ruta del dinero para ver si la empresa implementó una crisis “autogenerada”, la legalidad de los préstamos, la posible violación de normativas en perjuicio de las arcas públicas. Le plantea al juez Julián Ercolini que cite a Lozano da dar testimonio, igual que al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; toda la documentación sobre el otorgamiento de préstamos y la deuda actual de Vicentín; la normativa sobre préstamos y los máximos que puede otorgar; a la AFIP le requiere la composición societaria de la firma y sus vinculaciones societarias con y entre las firmas que integran el grupo empresario, además del detalle de cada empresa (integración, cuentas, administración); también quiere rastrear denuncias tributarias y juicios civiles contra Vicentin, la documentación del concurso de acreedores; y que la Cámara Electoral detalle los aportes de campaña; la Unidad de Información Financiera si recibió reportes de operaciones sospechosas y que la Oficina Anticorrupción diga si tramitó algún expediente vinculado a los hechos denunciados.
La deuda de Vicentin con el Nación representa el 78 por ciento de su pasivo: el resto corresponde al Banco Provincia de Buenos Aires, con 1600 millones, al Hipotecario le debe 700 millones y al Macro 500. Los bancos privados, evidentemente, no asumieron máximos riesgos. Esta semana la empresa fue suspendida por la bolsa de Rosario, no puede operar y tiene un pedido de quiebra de una de las empresas que le vendía granos. Ahora la investigación penal apunta a sus directivos a y a los ex funcionarios que facilitaron los préstamos millonarios del Banco Nación.
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