El pedido ingresó el martes pasado. Incluye algunas cuestiones que ya son formales, como retirar la nominación de Inés Weinberg de Roca a la Procuración. También un pedido anterior para Daniel Rafecas en Casación.
El Gobierno de Alberto Fernández retiró los pliegos propuestos por Mauricio Macri para ocupar cargos en el Poder Judicial. Un total de 198 candidatos y candidatas serán reevaluados por la actual gestión. Varios de los que instrumentaron la persecución contra ex funcionarios kirchneristas e iban a ser premiados con un ascenso, están entre los nombres que ahora el Senado devolvió para análisis del Poder Ejecutivo. Algunos no tendrán margen para conseguir los nuevos cargos.
En una mecánica que está dentro de los cánones normales con cada cambio de Gobierno, la Casa Rosada retiró en las últimas horas formalmente los pliegos judiciales elevados por la gestión anterior. Lo hizo a través de un escrito enviado a la Cámara Alta, con la firma de la Ministra de Justicia, Marcela Losardo y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Algunas de los propuestas serán respaldadas por las nuevas autoridades mientras que otras podrían no tener la misma suerte. Página/12 pudo saber que este mismo viernes comenzarán a ser evaluados todos los casos.
Los nombres más polémicos
De la larga lista de postulantes, algunos suenan como los más controversiales. El perfil de algunos de ellos da cuenta del objetivo del macrismo de cooptar sectores claves en el Poder Judicial.
*Juan Rodríguez Ponte. Fue el hombre encargado de las escuchas durante el macrismo como director de la DAJUDECO. Esa oficina estuvo en el ojo de la tormenta a raíz del festival de escuchas a ex funcionarios filtradas a los medios de comunicación en los últimos cuatro años. La gestión Macri quería colocarlo en un lugar clave: el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, cuya jurisdicción incluye, nada menos, que al aeropuertoo y la cárcel de Ezeiza.
*Ignacio Mahiques. Fiscal de instrucción de Comodoro Py, buscaba un cargo en el Juzgado Federal de Mercedes. Trabaja junto a su colega Gerardo Pollicita, con quien encabezó la instrucción de la única causa contra Cristina Kirchner que ya está en juicio. Se trata del expediente sobre presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La dupla también trabajó en la causa “Hotesur”. Perteneciente a la denominada familia judicial, Ignacio es hijo de Carlos Mahiques, ex funcionario de María Eugenia Vidal y hermano de Juan Bautista, el representante de la gestión Macri en el Consejo de la Magistratura.
*Germán Manuel Moldes. Es el hijo del fiscal Germán Moldes, el violento antikirchnerista que renunció a su cargo antes del cambio de Gobierno. Ocupaba el estratégico lugar de fiscal general ante la Cámara Federal porteña, desde donde actuó como dique de contención para todas las investigaciones que involucraron al macrismo, al tiempo que impulsó cada uno de los expedientes contra ex funcionarios K. Su hijo aspiraba a un lugar en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
¿Cómo es el proceso de selección de jueces?
Son numerosos los pasos que un postulante debe atravesar para acceder a un cargo o conseguir un ascenso dentro del Poder Judicial. Al final, es el Poder Ejecutivo quien tiene la última palabra para definir qué pliego pondrá a consideración del Senado.
El mecanismo es encabezado por el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar, evaluar y eventualmente sancionar o destituir jueces. Quienes pueden concursar para los diferentes cargos son abogado/as con un mínimo de cinco años de matrícula activa. El Consejo les toma lo que se denomina “examen de oposición”. La nota que saquen en esa prueba se computa junto con los antecedentes y una entrevista personal a la que sólo acceden los seis u ocho que hayan sacado mayor puntaje en el examen.
Con todo esto se conforma un orden de mérito provisorio, que luego los propios integrantes de la compulsa pueden impugnar. Una vez que el Consejo analiza las impugnaciones confecciona una nueva orden de mérito provisoria. A partir de allí, los miembros de la llamada Comisión de Magistrados someten ese orden de mérito al Plenario del Consejo de la Magistratura, es decir, a los trece miembros, quienes terminan de definir el orden de los concursantes.
Una vez que queda el orden de mérito definitivo, el Consejo convoca a los tres primeros postulantes a una entrevista con el Plenario, que después de ese paso define quién queda primero, quién segundo y quién tercero. Recién ahí la terna se remite al Poder Ejecutivo.
Allí se abre una primera instancia, en donde los aspirantes deben presentar documentación relacionada a su patrimonio, como declaraciones juradas e información de la AFIP. En ese momento se abre un plazo de treinta días para las presentaciones públicas de avales e impugnaciones, todo publicado en el boletín oficial.
Recién una vez que finaliza esta instancia, el Poder Ejecutivo decide cuál de los tres pliegos enviará al Senado.
Ya en la Cámara Alta, en la Comisión de Acuerdos se reciben –nuevamente- apoyos e impugnaciones. Como uno de los últimos escalones de la carrera, se convoca a una audiencia pública donde el candidato/a defiende su postulación. Recién al final de todo este proceso el pleno del Senado aprueba o rechaza el pliego.
Los cambios en el proceso de selección
Parte de la reforma judicial anunciada por el Gobierno de Alberto Fernández incluirá cambios en este mecanismo de designación de magistrados. Según creen desde el Ministerio de Justicia, gran parte de la discrecionalidad se da en la instancia de la entrevista personal, cuyo puntaje puede hacer que alguien que sacó menos nota en el examen quede por arriba de otro que logró una mejor evaluación.
Otras de las críticas que suelen hacer los candidatos/as es que los exámenes suelen tener también arbitrariedades, ya que las preguntas pueden exigir conocimientos que pasen por todas las especialidades del derecho. De esta manera, un abogado/a civil y comercial tiene que terminar respondiendo sobre especificidades del derecho penal, que, lógicamente, desconoce.
FUENTE: PAGINA|12
