El psicólogo de la fuerza Carlos Ricardo Carabajal fue atacado a trompadas y amenazado de muerte por un agente en su consultorio de la Subjefatura de Policía. Se repiten los casos de violencia familiar y consumo de drogas. Desde el Colegio de Psicólogos denuncian la existencia de un mercado negro de informes psicológicos y advierten fallas en el sistema de ingreso.
El lunes, el psicólogo y cabo de la policía Carlos Ricardo Carabajal se había reincorporado a la sección de Servicio Médico Laboral después de sus vacaciones. A las 12.30, un hombre irrumpió en su consultorio de la Subjefatura de Policía al grito de “te voy a cagar matado”, se abalanzó sobre su escritorio, tiró el monitor de la computadora y le asestó un golpe de puño en el pómulo izquierdo que le rompió los anteojos, según consta en la denuncia. Efectivos de la fuerza que se encontraban en el lugar intervinieron para que el ataque no fuera aún más violento. Carabajal es uno de los responsables de realizar la auditoria de salud mental, es decir, su tarea es determinar si los uniformados se encuentran en condiciones psíquicas de portar armas y realizar sus tareas. El atacante fue identificado como un agente que registra un largo historial de denuncias penales por lesiones, acoso sexual y amenazas de muerte. Lo más llamativo del episodio es que el agente contaba con un informe psicológico positivo donde se recomendaba el alta médica. Este caso encendió las alarmas del Colegio de Psicólogos de Tucumán y puso sobre la mira la salud mental de las fuerzas de seguridad responsables de proteger a los ciudadanos.
Después del ataque, el agresor fue detenido inmediatamente, pero el martes ya había recuperado su libertad. Se trata de un hombre que, debido a las causas que pesan en su contra, se encontraba realizando tareas administrativas en la policía provincial y sin poder hacer uso del arma reglamentaria. Según el protocolo de las fuerzas de seguridad, una vez que un uniformado recibe alguna denuncia, primero le quitan el arma y, después, lo derivan para que se le realice una evaluación psicológica que permita establecer si se encuentra en condiciones de realizar sus tareas. La agresión se habría producido porque este agente, que acumula denuncias desde el año 2011, le exigía a Carabajal que le otorgue el alta para volver a prestar servicio en las calles. De acuerdo con el informe firmado por un psicólogo de la provincia, el protagonista del ataque estaba en condiciones psíquicas de volver a empuñar un arma de fuego.
Ante esta situación, desde el Colegio de Psicólogos de Tucumán emitieron un comunicado repudiando la agresión de la que fue víctima Carabajal y manifestando su preocupación por la salud mental del personal de seguridad responsable de velar por la ciudadanía. “Nosotros no podemos minimizar lo que ha pasado porque no se trata de un paciente que va con un certificado médico a justificar que no puede ir a trabajar o que tiene que faltar a la escuela. Estas personas están con armas en la calle y tienen que tener un adecuado control de las emociones. Esto nos lleva a pensar en la salud mental de los policías de la provincia y el stress al que están sometidos estas personas que son quienes nos tienen que cuidar”, se explayó el presidente de la entidad, Roberto González Marchetti, en diálogo con eltucumano.com. Marchetti remarcó que los profesionales como Carabajal se encuentran muy desprotegidos y no cuentan con el apoyo institucional de las fuerzas de seguridad.
El titular del Colegio de Psicólogos de Tucumán se manifestó preocupado porque el agresor contaba con un informe psicológico positivo que lo consideraba apto para el manejo de armas de fuego y advirtió sobre la posible existencia de un mercado ilegal de estos documentos: “Esta situación me hace sospechar dos cosas: hay una venta ilegal de informes o bien se trata de la impericia de un profesional que ha firmado un informe sin evaluarlo adecuadamente. Esta situación es grave porque si una persona no posee un adecuado equilibrio mental y está con un arma es un peligro para las personas y para él mismo, puede matar o suicidarse”. Marchetti recordó el caso de Facundo Ferreira, el niño de doce años asesinado por la policía de un tiro en la nuca el 8 de marzo de 2018. Por el hecho están imputados los uniformados Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca. A este último, el análisis toxicológico le había dado positivo de cocaína y tiempo después del crimen del menor fue aprendido por robar una cartera en Lastenia. “A la legua se notaba que era una persona que no estaba en su sano juicio”, afirma el psicólogo.
“La única solución para esto es que desde la policía haya mayor control de estos informes. La idea es ponernos a disposición para que se pueda erradicar la venta de estos informes truchos o estos informes que no cumplen el rigor científico, por eso, le ofrecimos a la policía un convenio para que profesionales idóneos hagan la evaluación de manera científica”, destacó. Además, insistió en la necesidad de que los uniformados sean sometidos periódicamente a controles toxicológicos: “Hay muchos policías que están teniendo problemas de consumo de estupefacientes. Ellos tienen un régimen de trabajo en el que luego de estar de guardia 24 horas realizan servicios adicionales y muchos recurren al uso de hojas de coca o algún tipo de droga estimulante”.
Según explicó Marchetti, las denuncias más frecuentes sobre los miembros de las fuerzas de seguridad son por violencia familiar, violencia de género y amenazas. “¿Qué pasa con un policía que participa de un procedimiento y está con un cuadro depresivo o consumió algún tipo de sustancia?”, se pregunta el psicólogo y acto seguido explica cuáles son las condiciones psíquicas necesarias para que un policía pueda trabajar bajo presión y manipular de manera adecuada un arma de fuego: “Ese es todo un problema porque para portar un arma tenés que tener un adecuado control de los impulsos, no tener patologías en la personalidad, una adecuada capacidad en las funciones de consciencia, atención y concentración”.
Otra de las cuestiones que causan alarma entre los miembros del Colegio de Psicólogos es el proceso de ingreso a la policía provincial, ya que, según Marchetti, una correcta evaluación de los perfiles de los ingresantes permitiría descartar de manera temprana a esas personas que no son aptas ni para el trabajo bajo presión ni para el manejo de un arma: “Tenemos muchas dudas respecto de la masividad de los ingresos. Evaluar a 5000 aspirantes en tres meses es imposible sin una gran cantidad de profesionales. Además hay instituciones que prepararan alumnos para el ingreso y que nos hace sospechar porque no sólo los forman para las pruebas físicas, sino que les enseñan cómo pasar el informe psicológico. A eso hay erradicarlo porque le genera un problema a la misma institución”.
La agresión que sufrió el psicólogo en manos de un integrante de la misma fuerza encendió las luces de alarma de los profesionales que exigen mayores controles para los integrantes de la policía. Marchetti es contundente al respecto: “Si se aplicaran estos controles no habría tantos policías con licencia medica o cumpliendo tareas administrativas y estarían en las calles para cuidar a los tucumanos”.
fuente: eltucumano
