“Estamos viviendo un momento de crisis educativa que afecta a toda la comunidad. Por eso, buscamos darle herramientas al sistema, establecer dispositivos para garantizar el acompañamiento a estudiantes, docentes, instituciones y a los actores que rodean la vida escolar, diseñando políticas focalizadas a los sectores más impactados por el contexto de la pandemia y que estén en riesgo de abandono escolar o vean en peligro sus fuentes de trabajo”, advirtió el legislador José María Canelada al presentar un proyecto para que se declare la Emergencia Educativa en los ciclos 2020-2021 en Tucumán, en consonancia con las iniciativas que presentó la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo de Córdoba.
Una de las patas en las que se apoya este proyecto es la creación del Programa de Detección y Acompañamiento de Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar, en el que no sólo se tendrá en cuenta lo educativo, sino que además se realizará un seguimiento de la salud y la situación nutricional de los alumnos, estableciendo incluso un sistema de asistencia alimentaria.
Además, se asesorará a los docentes para que puedan detectar situaciones de violencia, maltrato, acoso o abuso que pudieran haber sufrido los alumnos desde la fase de aislamiento social en adelante.
Por otro lado, la norma busca que exista un acceso equitativo a la conectividad, tanto para docentes como para alumnos, planea asistencia económica para sectores que han sufrido especialmente en estos meses como los jardines maternales y los transportes escolares, y plantea la necesidad de un plan de obras que garantice que las escuelas estén en condiciones a la hora que las autoridades sanitarias decidan el regreso a las clases presenciales. Es decir, que se garantice el acceso al agua, potable, el funcionamiento correcto de sanitarios y la limpieza y desinfección, una de las cuestiones que Canelada había planteado al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, durante la visita del funcionario al Poder Legislativo.
“Es preciso atender la desigualdad educativa creciente, acelerada por la superposición de la brecha digital y el deterioro socioeconómico que se advierte a diario con más fuerzas. Este momento crítico exige repensar estrategias, ser innovadores y llegar a consensos, contar con herramientas pensadas desde los distintos lugares del Estado, tener la posibilidad de adaptar contenidos o reorganizar los calendarios escolares. Resumiendo, este momento merece que estemos a la altura de las circunstancias. La educación es un derecho constitucional y no podemos obviarlo”, planteó el parlamentario radical.
En el proyecto, también se referencia que, si se designan personas para cumplir tareas de apoyo o asistencia en el Programa de Detección y Acompañamiento, se deberá priorizar a quienes se encuentren inscriptos y a las órdenes de mérito, según esté previsto en la legislación vigente.
FUENTE:LOSPRIMEROS
