El caso de Jesús Busto, detenido el 26 de octubre en Santiago del Estero, cuando estaba a punto de cruzar a Tucumán con 130 kilos de marihuana, no es el único en el que se investiga a personal del Sistema Provincial de Salud como parte de una red de narcotráfico.
En el año 2016 se comenzó a gestar un largo expediente en el que aparece un nombre que ya fue mencionado en la causa que lleva adelante la fiscal Ileana Garzón contra el ahora ex empleado del Siprosa: el del concejal José Luis Coronel.
El edil llegó al cargo como aliado político del secretario general de Atsa, el legislador Renée Ramírez, habiendo sido titular del Departamento de Operativos Móviles del Siprosa, que es el sitio apuntado en la pesquisa de aquellos años como el centro de operaciones de una banda narco que traía droga de Corrientes.
La presquisa la inició la División Antidrogas de la Policía Federal, que anotó tres nombres: Miguel Ángel “Liro” Andrade, Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez, todos ellos empleados destinados a esa repartición con sede en Italia y Alberti, una de las entradas al barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.
Aunque en los expedientes laborales de todos ellos aparecen certificados de buena conducta, lo cierto es que los prontuarios de “Hombre Lobo” y de “Leke” son bastante extensos, acumulando numerosas cauas de delitos contra la propiedad en las que aparecen cuanto menos, mencionados.
En una de esas causas aparece el concejal Coronel, de quien los investigadores sospechan porque participó en varios viajes de pesca a Corrientes y también porque los tres sujetos investigados apoyaron abiertamente su campaña para pasar de la actividad grenmial a ser concejal capitalino.
La derivación lógica de apuntar a Coronel como el que apadrinó a los sospechados para que ingresaran al Siprosa ya fue negada por él, pero no es el único apuntado. También se sospecha del legislador Ramírez, ya que hay fotos de los tres apoyando su candidatura a legislador.
¿Pero qué pasó con la causa? Avanzó hasta el punto en el que el fiscal federal Carlos Brito solicitó, en mayo de 2019, medidas de allanamientos que incluían entre otros sitios, la manzana donde están los galpones del Departamento de Operativos Móviles del Siprosa.
Pero el expediente cayó en manos del juez federal Daniel Bejas, quien se negó a autorizar los procedimientos porque a su criterio, no se habían presentado pruebas suficientes, solicitando a su vez que se suga adelante con la pesquisa para dar con ellas.
En diciembre, el equipo que invirtió tres años en esa investigación fue desmantelado por traslados o retiros impuestos por el cambio de administración, lo que vuelve poco probable que se puedan lograr nuevos avances.
FUENTE: LAGACETA, CONTEXTO
El juez daniel bejas tendra que rendir porque archivo esos pesidos.otro juez mas que tenemos corrupto setvicial a los politicos .algun legislador opositor tiene que denunciarlo.sino todo va a quedsr en la nada