“Con jueces así los victimarios no necesitan ni abogados defensores”, cuestionó en un comunicado la agrupación Ni una Menos. Las pericias médicas y psicológicas habían avalado la denuncia de la víctima.
Un detalle cuestionable fue la base de un fallo que en las últimas horas dejó en libertad a un albañil acusado de abuso sexual. Para el juez Rodolfo Mingarini de los Tribunales de Santa Fe, no resulta “lógico” que el agresor haya tenido tiempo de colocarse un preservativo “cuando estaba sometiendo” a la víctima.
Con esta decisión, Mingarini desestimó los exámenes de medicina legal que constataron las lesiones compatibles con una violación, así como también el material biológico que se encontró en la escena del imputado e incluso las pericias psicológicas que se le hicieron a la víctima, las cuales avalaron su relato.
“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, sostuvo el juez santafesino.
Antes de ordenar una serie de medidas restrictivas, Mingarini reafirmó: “Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”.
Sin embargo, no es la primera vez que el juez en cuestión se ve involucrado en una polémica. A través de un comunicado en las redes sociales, la mesa de Ni una menos Santa Fe recordó que en marzo del año pasado le otorgó la libertad a la espera del juicio a un hombre investigado por quemar a su pareja con agua hirviendo en Santo Tomé no dando lugar al pedido del MPA que solicitaba prisión preventiva por considerarlo autor de lesiones graves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
En este sentido, expresaron: “Nosotras hemos denunciado a estos jueces una y otra vez. Estos que desconocen la normativa en relación a la violencia de género y a su deber como funcionarios judiciales de garantizar nuestra seguridad y la protección de nuestros derechos. Nos revictimizan, refuerzan estereotipos, mandatos, roles, conductas que perpetúan este delito y lo que es peor, otorgan impunidad a quienes lo cometen”.
“Con jueces así los victimarios no necesitan ni abogados defensores”, concluyó la agrupación, tras lo cual reclamaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador Dr. Jorge Barraguirre y que “se instrumenten mecanismos que hagan posible la sanción a funcionarios judiciales cuando sus actuaciones sean contrarias a la ley”.
FUENTE:TN
