Vitar consideró que las manifestaciones de los contratistas y el mutismo de la institución estatal estaban vinculados. “Al señor (Jorge) Garber y a las demás autoridades de la Cámara Tucumana de la Construcción les sugeriría que, en lugar de gastar recursos y energías en enviarme cartas documento amenazantes, se apliquen en aclarar a la opinión pública el sinuoso mapa de contrataciones que dibujaron con los directivos de la SAT. Y a estos les pido que dejen de refugiarse detrás de los contratistas y den la cara: es necesario que expliquen el fundamento de sus ininteligibles contrataciones”, afirmó Vitar, según publica La Gaceta.
A estos comentarios, el ex diputado adjuntó la última intimación que había recibido de parte de Garber, Manuel Alberto Álvarez y Gustavo Mansueto, respectivos titular, vicepresidente y secretario de la Cámara. En dicha nota -la tercera desde que el asunto trascendió- consta que aquellos se sentían difamados por expresiones “carentes de veracidad, que afectan el prestigio, como también la imagen pública, la idoneidad, la credibilidad, la seriedad y la eficiencia que la Cámara gozaba en los sectores públicos y privados”.
El 14 de mayo, el ex diputado hizo una presentación que ingresó en la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Carlos Brito. Este documento detalla posibles anomalías cometidas con $ 900 millones que la Nación otorgó en 2020 a Tucumán para financiar obras en el servicio de agua potable y de cloacas en San Miguel de Tucumán. Según Vitar, contratistas y responsables de la SAT se habrían puesto de acuerdo para adjudicar los proyectos no a la oferta más baja sino a la que exhibía un “precio promedio”. La presentación indica que ese proceder estaría sostenido en excusas desprovistas de razonabilidad, y que habría ocasionado daños cuantiosos al erario y la disposición de un margen para el supuesto pago de retornos.
“Furia” e “impunidad”
El dirigente político refirió que le resultaba elocuente “la furia” que había generado “un simple pedido de investigación” en funcionarios y empresarios: “estos se comportan con la prepotencia y la soberbia de quienes están acostumbrados a la impunidad”. Y agregó que confirmaba aquella apreciación el hecho de que la SAT haya abierto nuevas convocatorias a presentar ofertas por fuera del sistema legal que garantiza la mayor transparencia, que es la licitación pública.
