El gobierno de Alberto Fernández resolvió no apoyar la iniciativa de países democráticos para que se averigüen los excesos que el régimen de Xi Jinping comete contra las minorías en Xinjiang
Esta semana, la Argentina decidió darle la espalda dos veces a las principales potencias democráticas al eludir apoyar declaraciones presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que preside Michelle Bachelet. En la primera de ellas se hizo referencia a la falta de garantías constitucionales que viven los opositores en la Nicaragua de Daniel Ortega, mientras que en la segunda se repudiaba y se pedía investigar la violación sistemática de los derechos humanos que padecen las minorías étnicas en la región de Xinjiang, China.
La presentación fue escrita por Leslie E. Norton -Embajadora y Representante Permanente de Canadá ante la ONU en Ginebra– y apoyada por 43 países. Entre ellos se destacan: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Haití, Honduras, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Palau, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
Norton, en su nota elevada a Bachelet, mostró la preocupación conjunta de los 44 países sobre la gravísima situación que viven las minorías étnicas en China y pidió a Beijing autorizar la entrada de observadores internacionales a esa región. “Estamos profundamente preocupados por la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Informes fidedignos indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente y que existe una vigilancia generalizada dirigida desproporcionadamente a los uigures y miembros de otras minorías y restricciones a las libertades fundamentales y la cultura uigur”, señala la declaración que solicita a las autoridades del régimen que permita un monitoreo para determinar la certeza de esas denuncias.
“Instamos a China a que permita el acceso inmediato, significativo y sin restricciones a Xinjiang de observadores independientes, incluido la Alta Comisionada, y a que aplique urgentemente las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial relacionadas con Xinjiang, incluso poniendo fin a la detención arbitraria de uigures y miembros de otras minorías musulmanas”, continúa el comunicado conjunto.
Desde Cancillería aseguraron a Infobae que la Argentina no suele apoyar declaraciones que se refieren a terceros países. “Otra vez estamos hablando de una intervención de un grupo de países sobre el caso particular de un país. Nosotros no adherimos a declaraciones colectivas sobre casos de países particulares”, aseguraron desde el ministerio conducido por Felipe Solá.
La postura del Palacio San Martín es llamativa por partida doble. El lunes emitió un comunicado con México en el cual se anunciaba el llamado a consultas a los respectivos embajadores en Nicaragua, Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, y en cuyas líneas se le reprochaba al dictador Ortega el trato dado a los candidatos presidenciales. Sin embargo, 24 horas después evitó suscribir la declaración de 59 países bajo el argumento de “no intervención”.
Por otro lado, el pasado 27 de mayo, la Argentina -junto a otros 24 países de dudosa calidad institucional- votó a favor de la creación de una Comisión de ONU que investigue supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel durante la respuesta que dio ese gobierno ante los ataques terroristas de Hamas. La declaración de Norton se expresa en términos similares: un equipo de expertos internacionales independiente que pudiera determinar si en los “campos de reeducación” de Xinjiang se cometen crímenes contra la Humanidad.
La nota de la embajadora canadiense es dura y continúa: “Hay informes de tortura o tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, esterilización forzada, violencia sexual y de género y separación forzada de niños de sus padres por parte de las autoridades”. Nada de esto parece haber conmovido a las autoridades diplomáticas argentinas.
El gobierno de Alberto Fernández mantiene una estrecha relación con Xi Jinping que se ve reflejada en cada una de las declaraciones que la administración pronuncia sobre sus pares en Beijing. Uno de los más entusiastas defensores del gigante oriental es el embajador argentino en la capital china. Sabino Vaca Narvaja hasta promueve enfáticamente la instalación de la red 5G de Huawei en la Argentina, un favor gigantesco al lobby que el régimen riega por todo el mundo.
Difícilmente se apoye la creación de una comisión investigadora en Xinjiang o que Buenos Aires se llame a consultas al delegado diplomático.
fuente: INFOBAE
