Prisión preventiva por 60 días y embargo por $ 3 millones. esa fue la sanción impuesta a una joven de 18 años acusada de ser la autora de una amenaza de bomba en la escuela Juan Luis Nougués.
Se trata de la primera vez que se procesa a una acusada por el delito de intimidación pública, ya que los otros dos antecedentes comprenden a padres de alumnos que continúan el proceso en libertad.
Según la acusación de la fiscal Mariana Rivadeneira, Malena Anahí Serrano, el 7 de agosto, envió un mensaje a través de WhatsApp a una docente del establecimiento educativo para informarle que habían colocado artefactos explosivos en los tres niveles y que causarían graves daños a 1.000 metros a la redonda. Horas después remitió otra intimidación similar.
La representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que el día siguiente de haberse registrado el caso, la acusada dio de baja la línea llamando a la prestadora del servicio, afirmando que le habían robado el teléfono.
Serrano, en su declaración, explicó que hace varios meses había dejado de usar esa línea y le había entregado el chip a un compañero (su nombre se mantiene en reserva porque sería menor de edad) y que él podría ser autor de la amenaza. Señaló que en los horarios que enviaron los mensajes ella se encontraba durmiendo en su casa.
La fiscala dijo que la acusada había intentado entorpecer la investigación como la de haber dado de baja la línea y denunciado que le habían robado el celular. También calificó como gravísimo el hecho de que envió el mensaje a una docente. “No podemos asegurar cuál será su comportamiento en los próximos días. También hay que tener en cuenta la conmoción social que está generando este tipo de delitos en la provincia”, argumentó.
Rivadeneira también solicitó que se le trabe embargo por $ 3 millones hasta que se cierre el caso. “No podemos dejar de tener en cuenta los costos que generan este tipo de conducta. Además de los momentos de angustia que generan en la comunidad, el movimiento de policías, el de bomberos y de defensa civil, generan un importante gasto al Estado. Tampoco debemos dejar de mencionar el perjuicio económico a los comercios de la zona y las dificultades a las personas de bien que causan”, sostuvo la funcionaria judicial.
El defensor de la acusada, Juan Martín Villegas, calificó como “aberrante” la acusación de la fiscal y consideró que viola todos los derechos de la mujer. “Ella estuvo a disposición de la justicia y no hay pruebas en su contra. Ella dijo que entregó el chip a otra persona”, señaló al pedir que se rechacen todo lo solicitado por la representante del Ministerio Público.
El juez Alejandro Valeros coincidió con la fiscal al considerar que existen pruebas para considerar que la acusada sí intentó entorpecer la investigación. “También quedó demostrado que la imputada puede influir negativamente contra la testigos como es el caso de enviar mensajes a la docente”, agregó. También entendió que el tiempo solicitado es el apropiado.
Tampoco se opuso el magistrado a la solicitud de embargo elevada por el MPF al dictaminar que sí se generó un daño al Estado. “Nuestra sociedad se ve perjudicada por estas conductas, pero el daño en niñas y alumnos es mucho mayor, al igual que a la sociedad en general”, sentenció el juez.
fuente:contexto
