Por Yukiko Arai, Directora de la Oficina de País de la OIT para Argentina
A tres años desde que la pandemia de la COVID-19 causó un largo período de alteración social y económica. Y si bien la situación global mejoró notablemente, persiste la emergencia sanitaria y continúan la normalización y recuperación de los mercados laborales. En este contexto, todavía marcado por la incertidumbre y varias crisis superpuestas, el año 2023 nos plantea enormes desafíos.
El último informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , publicado en enero, advierte sobre las consecuencias de la actual desaceleración. A su vez, estima que este año caerá la creación del empleo a escala mundial y aumentará el número de personas desempleadas. Por estas razones, los trabajadores y las trabajadoras tendrán más probabilidad de obtener empleos de menor calidad.
Este complejo escenario presenta un reto particular para la OIT, la agencia especializada de las Naciones Unidas que, desde su creación en 1919, promueve el trabajo decente como vehículo para alcanzar la paz y justicia social. Con este mandato, la Organización se propone liderar la cooperación entre gobiernos, empleadores y sindicatos, las organizaciones del sistema multilateral, así como otras partes interesadas con una ambición común de promover un desarrollo sostenible, inclusivo, y resiliente para lograr la justicia social.
Para la OIT, la justicia social es el acceso equitativo a los derechos y oportunidades. Por un siglo, la OIT ha impulsado los cuatro objetivos estratégicos para lograr la justicia social a través de la promoción del trabajo decente: promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido; la protección social; la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; y el diálogo social.
Esto significa que todas las personas puedan reivindicar libremente y en igualdad de condiciones su justa participación en las riquezas que contribuyen a crear mediante su trabajo.
Estos principios son esenciales para guiar una recuperación centrada en las personas. Promover la justicia social requiere de un compromiso colectivo, con foco en la ampliación de los derechos sociales de manera justa, sostenible e inclusiva. Promover la justicia social supone abordar con urgencia la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. Implica, también, acelerar la formalización de la economía para que todas las personas que trabajan lo hagan con un empleo decente, con protección social y la garantía de sus derechos laborales.
Para lograr esto, se requiere un ambiente propicio para inversiones que permite a las empresas a desarrollar todo su potencial. Se necesita prestar especial atención a los grupos vulnerables ante los déficits de trabajo decente, especialmente a las mujeres, los jóvenes y los migrantes, entre otros. Promover la agenda de la justicia social durante este año será fundamental para reducir pobreza y desigualdad y construir el futuro del trabajo que deseamos.
Durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos , nuestro Director General, Gilbert F. Houngbo, propuso la creación de una Coalición Mundial para la Justicia Social. Se trata de un espacio de diálogo tripartito para llevar adelante acciones que permitan alcanzar un crecimiento económico justo, equitativo y sostenible. Esta propuesta se debatirá en la próxima reunión del Consejo de Administración de la OIT, del 13 al 23 de marzo, en Ginebra.
En Argentina, la OIT y sus mandantes tripartitos acordaron abordar cuatro prioridades estratégicas en materia de empleo, reunidas en el cuarto Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) para el período 2022-2025. Se trata de un memorándum de entendimiento suscrito por las autoridades del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T) y la OIT.
Con este marco programático, nos proponemos impulsar un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo centrado en las personas, con empleo productivo y trabajo decente, en un proceso de diálogo franco entre los actores sociales a nivel federal y en sintonía con la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo con la República Argentina.
Gracias a este marco y con la guía que ofrecen las normas internacionales del trabajo y sus principios, la sociedad argentina está preparada para enfrentar estos grandes retos. Para avanzar en esta agenda en medio de un mundo convulsionado, el diálogo social es fundamental para construir un nuevo contrato social con foco en las personas. Así, avanzamos en conjunto en el camino hacia la justicia social y una paz universal y duradera a través de promoción de trabajo decente para todas y todos.
fuente:https://www.ilo.org
