Seis gendarmes procesados y con prisión preventiva, diez civiles procesados, pero libres, y embargos individuales de $ 1.500.000, representan lo medular de una extensa resolución del juez Federal, Guillermo Molinari, en la investigación por millonarias ganancias (estimadas en $ 50.000.000) irregulares en tours que viajaban a Bolivia.
Allí se rige lo sustancioso de la investigación que también timonea la fiscal, Indiana Garzón. El proceso se originó por una denuncia anónima en marzo del 2023, ante un organismo específico de Gendarmería.
En sobre lacrado, una persona reveló que desde hace varios meses un grupo de gendarmes recurría a “coimas” para recibir mucho dinero, casi $ 200.000 por cada colectivo. Desde entonces, se investigan dos líneas claras: coimas, dádivas y cohecho de gendarmes en los tours, en especial, los jefes de patrullas. La restante, el robo de mercadería asignado a civiles para sus negociados.
Tres meses después de las redadas y detenciones, el magistrado notificó este viernes el procesamiento con prisión preventiva para seis gendarmes.
Cristián Germán Torres aparece como presunto autor penalmente responsable de “asociación ilícita, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de los elementos de prueba, este último en grado de tentativa”.
También, para Agostina Magalí Rodríguez, por “asociación ilícita, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público (permanece con arresto domiciliario); Roberto Oscar Ricalde, por “asociación ilícita, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales”; Fabian Edgardo Solís, “asociación ilícita, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y peculado”; Marcelo Alejandro Cardozo, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales”; y Héctor Darío Buera, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “peculado”.
La resolución es extensiva, pero sin prisión preventiva (por excarcelación dispuesta a su favor por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán) para Carlos Ernesto Canesín por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.
También, el juez Molinari refrendó la falta de mérito ahora, para procesar y/o sobreseer a José Ignacio Schilder (gendarme).
Dentro de la compleja investigación, el Dr. Molinari amplió el procesamiento, sin prisión preventiva, de los civiles (ordenándose la inmediata libertad de quienes se encuentren detenidos): Emanuel Soria Mazzarelli, como autor “penalmente responsable de asociación ilícita y cohecho activo”; también para Daniel Esteban Soria por “asociación ilícita”; Norma Beatriz (“Kelly”) Mazzarelli por “asociación ilícita”; Francisco Javier Nazar por “estelionato”; María Carolina del Valle González Manzanedo por “estelionato”.
También para Nahír Candela Nazar González, por “estelionato” y Franco Javier (“Toto”) Laviña, por “cohecho activo, sustracción de medios de prueba, de estelionato y asociación Ilícita”; Mercedes Victoria Corbalán por “Incendio agravado, destrucción de elementos de prueba y resistencia a la autoridad”; Verónica del Valle Loto, por “estelionato” y Javier Alejandro Nazar, por “peculado en grado de participe primario” y de “estelionato”.
El juez federal, Dr. Guillermo Molinari, resolvió también “disponer el embargo de sus bienes a los fines de su responsabilidad civil individual hasta cubrir la suma $1.500.000 para cada uno”, es decir, tanto gendarmes como civiles.
En consecuencia, fue trabajo para los abogados complementarse ayer con las presentaciones de bienes, trámites motorizados por los letrados, Aída Farrán Serlé, por los Soria; Gilberto Perduca y Horario Pato, por Laviña; Benjamín Chazarreta, por Rodríguez y Schilder; Lucas Vieyra, por Torres y Romina Eguizábal, por Buera, entre otros, para tratar de responder con celeridad a lo dispuesto por el magistrado.
fuente:EL LIBERAL
