La detención de dos efectivos de la Policía de Tucumán acusados de haber secuestrado a un supuesto transa tuvo una particularidad: no generó sorpresa dentro de las filas de la fuerza.
Sí generó preocupación la certeza de que la banda de delincuentes uniformados utilizaba una sede policial para ocultar a sus víctimas a la espera de cobrar el rescate que demandaban a sus familiares.
Todo lo que se sabe hasta ahora, que provocó una suerte de terremoto interno en la fuerza de seguridad provincial, surgió de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
El viernes por la noche una mujer llamó a la guardia de la seccional 11° para denunciar que su hijo había sido secuestrado por cuatro hombres que se presentaron como policías.
Efectivos de esa seccional, al mando de los comisarios Tatiana Frías y Marcelo Juárez, iniciaron una investigación que no tardó en correr el velo de lo que asoma como un escándalo.
La denunciante expuso que su hijo habría sido capturado en su domicilio de un barrio privado de Villa Carmela, donde el portero les confirmó que cuatro hombres que se movilizaban en un auto gris se habían llevado a la fuerza al joven de 28 años, presentándose como policías, aunque sin precisar el área a la que pertenecían.
Después de una serie de consuiltas, determinaron que la víctima no había sido alojada en ningún procedimiento y comenzaron a barajar la posibilidad de que estaban ante un grave ilícito cometido por colegas de azul.
Todo comenzó a cerrar cuando, al hablar con la mujer, esta les informó que a su hijo lo llevaron hasta una dependencia policial y que en un primer momento le exigían el pago de $ 400.000 para dejarlo en libertad.
La madre del joven buscado agregó que unicamente pudo reunir $ 240.000 y consiguió que lo liberaran a cambio de ese monto.
Los pesquisas reportaron a situación a la Unidad de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira, pero al tratarse de un delito federal, las actuaciones pasaron a las manos del fiscal Agustín Chit.
El fiscal federal pidió a las fuerzas federales que intervinieran y, tras confirmar todos los datos recolectados por sus pares locales, determinaron cómo había sido secuestrado y que el pago del rescate se concretó en las oficinas de la Jefatura de Zona 3, ubicada al sur de la capital.
Según versiones policiales, los sospechosos prestarían funciones en la seccional 9° y no sería la primera vez que utilizaban esa dependencia para realizar este tipo de actividad ilícita.
Con el correr de las horas, varios informantes se animaron a revelar que venían utilizando este modus operandi desde diciembre.
Fuentes de las fuerzas federales ya habrían establecido que los acusados eligieron a la víctima infiltrándose en un grupo de una red donde cultivadores de marihuana, además de intercambiar consejos, ofrecían vender diferentes productos, entre otros, flores de marihuana.
Al sumar las pruebas suficientes, el fiscal Chit consiguió una orden de detención para dos de los acusados, arrestos se concretaron el domingo, casi al mismo tiempo en que se producían allanamientos a los efectivos que habían intentado organizar una huelga policial.
Los dos policías secuestradores fueron llevados entre el lunes y el martes a los tribunales federales para ser indagados, pero el paso procesal fue suspendido para este miércoles, sin que trascendieran más detalles de una pesquisa que por estas horas apunta a identificar al resto de la banda.
La víctima no es desconocida para las autoridades. Estuvo mencionado en la causa conocida como “El crimen de las flores” y si bien nunca fue procesado por ese homicidio, la Justicia Federal lo acusó de comercialización de flores de marihuana, causa que aún sigue en trámite.
En cuanto a sus captores, sólo surgieron datos de uno de los policías detenidos, un oficial principal que no gozaba de prestigio dentro de la fuerza.
Habría sido procesado en un caso de abuso sexual contra una compañera de la fuerza y habría sido sancionado administrativamente porque travestis le robaron el arma reglamentaria en un confuso episodio.
fuente: contexto
