La Justicia tucumana empezó a investigar las presuntas irregularidades detectadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la administración del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El primer paso dado por la fiscal Mariana Rivadeneira fue la citación como testigo de uno de los profesionales que realizó la auditoría encomendada por la intendenta Rossana Chahla. En Tribunales, el contador Octavio Nicolás Concilio ratificó los hallazgos expuestos en el informe y dio detalles respecto de cómo se manejaba el ente durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro. “La lógica que vimos es como si la Municipalidad hubiera usado como empresa constructora al consorcio ya que se le transfería dinero para realizar obras públicas”, resumió el titular del estudio Concilio & Sarralde.
El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, denunció hechos que, según dijo, encuadran en la figura de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. Puntualmente, lo que el funcionario sostiene en su escrito es que el Consorcio habría sido utilizado para la realización de obras en beneficio de la gestión alfarista en la Municipalidad. Si bien el Consorcio es integrado por la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí, el Consejo de Administración es presidido por el municipio “con mayor aporte económico”; es decir, por San Miguel de Tucumán porque gira el 65% de los recursos necesarios para su funcionamiento. Así, al frente del Consorcio se encontraba el alfarista Héctor Argañaraz.
Ante la Justicia, Concilio se explayó sobre la auditoría y el rol que cumplieron las tres cooperativas a las que se giró la mayor cantidad de fondos, según publica La Gaceta. “El consorcio no tenía ninguno de los libros, no tenía los balances, presupuestos, muchas cosas que deberían tener legalmente como empresa. Tenían cuadernos donde anotaban las cosas y un Excel, por lo que había que comparar ambos más un extracto bancario para ver qué faltaba o qué había. El tema de los extractos bancarios es que para el caso de los cheques no se conoce el destinatario, por lo que no sabemos dónde se fueron esos fondos. No tenían los registros que debía tener toda empresa normal, no había expediente ni nada de eso”, precisó.
Además, dijo que en un principio hubo reticencia dentro del Consorcio para brindarles información. “Como después comenzaron a no querer darnos información, la Municipalidad puso un escribano para que nos acompañara y no haya dudas posteriores acerca de que le pedíamos nosotros como auditores. Esto surtió efectos porque después comenzaron a mostrarnos órdenes de pago, listado de los cheques que sacaban pero que tampoco eran consecuentes con las facturas que recibían, las que además eran posteriores. Generalmente no habían problemas con los pagos realizados a la empresa Moviser SRL, pero con las tres cooperativas que mencioné en el informe era todo el faltante”, añadió.
También advirtió que no había licitaciones para la realización de las obras ni tampoco un control sobre los avances. “Ni licitación pública ni contratación directa. Tampoco había profesionales designados para controlar los avances de obra ni la certificación, ni tampoco nos sabían decir dónde se podía conseguir esto. Eran como intermediarios pero no sabemos de quiénes”, respondió ante una pregunta específica de la fiscal.
¿De su auditoría se desprende que haya dinero del que se desconozca su destinatario por faltar documentación?, le preguntó la fiscala. “El total de $ 1.000 millones aproximadamente y podría ser mayor, de esa plata no había respaldo de ningún tipo para conocer dónde fue el dinero”, concluyó el especialista ante la titular de la Unidad de Delitos Complejos.
fuente:contexto
