El Presidente ya avisó que rechazará la norma en caso de que sea aprobada por el Senado. Sin embargo, los legisladores opositores contarían con una serie de condiciones para lograr que se promulgue según dicta la Constitución.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva fórmula jubilatoria, que espera ser tratada en el Senado de la Nación. En caso de ser aprobada por la Cámara Alta, el presidente Javier Milei adelantó que la vetará para no comprometer el equilibrio fiscal, pero los legisladores podrían insistir en que se promulgue a través de un mecanismo constitucional que debido al contexto parece difícil, pero no imposible.
“Les voy a vetar todo lo que rompa la caja fiscal, me importa tres carajos”, lanzó desafiante el fundador de La Libertad Avanza durante su participación en el Latam Economic Forum, haciendo referencia a esta facultad del Poder Ejecutivo. En tanto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la voluntad de Milei y advirtió que si el proyecto logra soportar el veto presidencial “se harán recortes de todo tipo en las partidas” para cumplir con lo que dicte la normativa.
Si los senadores lograran la aprobación, implicaría un extra del 8,1% a los jubilados y pensionados de la ANSES como recomposición por la pérdida ante la inflación en los primeros meses del año, además de establecer un aumento adicional anual por distintos ítems. En esa línea, tanto el Presidente como su funcionario subrayaron el “gran esfuerzo por mantener las cuentas públicas en orden”.
Pero el Jefe de Estado no es quien tiene la última palabra en la cuestión del veto. Según se establece en el artículo 83 de la Constitución Nacional, “desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen”.
“Ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”.
En diálogo con este medio, el abogado constitucionalista Félix V. Lonigro indicó que “éste quórum agravado (de los dos tercios en cada cámara) es difícil de conseguir” pero actualmente la oposición tiene buenas chances de blindar este proyecto.
Qué podría hacer el Congreso para evitar el veto
El proyecto sancionado en la Cámara baja fue presentado por la Unión Cívica Radical y contó con el apoyo de otros bloques “dialoguistas” como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, además de Unión por la Patria, parte de la oposicón más dura.
Técnicamente para obtener el quórum para aprobar nuevamente la ley si regresara al Congreso tras un posible veto presidencial, harían falta 177 de los 257 legisladores que componen la Cámara de Diputados, y 48 de los 72 de la de Senadores. Pero en realidad la base sobre la cual se debe realizar la cuenta no es la cantidad total de diputados del cuerpo.
La cuenta que debe realizarse, entonces, es el cociente de la cantidad de votos afirmativos sobre la suma de los votos positivos y los negativos. No cuentan las abstenciones.
La votación con la que la nueva fórmula previsional logró la media sanción fue acompañada afirmativamente 160 diputados sobre los 232 que marcaron su voluntad en un sentido u en otro, descontando los ausentes y las abstenciones. El porcentaje fue del 69%, por encima de los 66,66% necesarios (los dos tercios).
Cabe señalar que los diputados del Frente de Izquierda – Unidad se abstuvieron en el debate al considerar que la recomposición para los jubilados era baja, pero votarán a favor en caso de que Milei la vete. “Si el presidente intenta vetar la ley, nuestros votos se transformarán en un voto contra el veto presidencial”, adelantó Myriam Bregman, legisladora de ese espacio, a través de una publicación en la red social “X”.
También pueden analizarse las otras abstenciones y los ausentes registrados en la votación de este miércoles por la madrugada. En el primer caso, Paula Omodeo, del monobloque Creo, y las sanjuaninos Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno -de Producción y Trabajao-, votarían negativamente.
En el caso de los ausentes, Silvia Lospennato (PRO) y Rocío Bonacci (La Libertad Avanza) se manifestarían en contra de la ley pero Magalí Mastaler y Manuel Aguirre (UCR) votarían a favor.
La situación en el Senado es incluso más favorable para la oposición. Allí los legisladores pueden reunir las dos terceras partes de los votos para hacer que Milei promulgue la ley, teniendo en cuenta que la suma de senadores de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales exceden el número necesario.
No es común que el Congreso insista en una ley vetada por el Ejecutivo, y la última vez que sucedió fue la decisión de que cobre vigencia el Presupuesto 2003, hace más de veinte años. En caso de ocurrir, podría significar un golpe político para la Administración libertaria, que por el momento no logró la aprobación de leyes propias.
fuente:perfil
