El fondo Burford puso la mira en el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Arsat y Enarsa. Las empresas que busca privatizar el gobierno.
El viernes feriado en Argentina, el fondo buitre Burford presentó ante el juzgado de Loretta Preska en Nueva York un pedido de informes sobre empresas públicas con la única intención cobrar como sea la sentencia por USD 16.000 millones en contra del país en el juicio por la estatización de YPF.
Con ese objetivo introdujo la figura del alter ego, una novedad en la causa. El objetivo es demostrar que un conjunto de empresas responden a la conducción del Estado argentino.
En la nota dirigida a Preska, Burford argumenta por qué les corresponde pedir un discovery -medidas de prueba- sobre la relación entre el Estado argentino y cuatro entidades públicas: Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Arsat y Enarsa. Las mismas que busca privatizar el gobierno.
“Su Señoría: Los demandantes presentan esta respuesta en oposición a la solicitud de los demandantes de obligar a ciertos descubrimiento de alter ego. Por las razones explicadas aquí y en nuestras presentaciones anteriores solicitamos respetuosamente que la Corte obligue a la República a presentar este descubrimiento de alter ego”, comienza la carta.
Con respecto al Banco Nación, Burford cita entre los argumentos para obtener la habilitación de pruebas, un posteo en la red social X del ministro de Economía, que se encargaron de traducir, en el que revela de una manera transparente la cadena de mandos directa entre la Presidencia y el Banco Nación.
“Hoy el Presidente @JMilei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales. Ya he hablado con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quién será el encargado de llevar adelante esta medida. Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de “privilegios para pocos y pobreza para muchos” de los últimos 20 años.El pueblo argentino votó un cambio, y es nuestro deber cumplir con su mandato”, afirmó Caputo en X.
Para el caso de Aerolíneas, los demandantes también presentaron pruebas de que la República ejerce actualmente el control sobre las riendas de la compañía arbitrando las negociaciones salariales, los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas.
Se trata de un riesgo que incluye el control directo de la pauta publicitaria de Aerolíneas Argentinas, Banco Nación e YPF -en este caso reventaron el presupuesto publicitario por encima de los 50 mil millones- por parte de la Casa Rosada a través del asesor Santiago Caputo que eligió esa vía para disfrazar que el gobierno de Milei incumple su promesa de pauta cero, exponiendo a estas empresas a la figura del alter ego.
Sobre la relación actual del gobierno con Enarsa se apoyan en “más que en una corazonada” dice textualmente la nota dirigida a Preska. Lo que presentan como documentación es la instrucción de compra de 44 millones de metros cúbicos sin licitación previa a Petrobras, que este medio reveló como un posible caso de conflicto de intereses.
Arsat también está en la mira de los buitres. En la carta Burford le dice a Preska que el gobierno “inició la adquisición de equipos para ampliar elciberseguridad y capacidad de almacenamiento del centro nacional de datos de Arsat”. El control real de esta compañía esta a cargo de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo.
Afortunadamente para la Argentina, más allá de la sucesión de torpezas del gobierno, para comprobar la figura de alter ego debe concluirse que el gobierno ejerce un control extendido y cotidiano de la operatoria comercial de la empresa en cuestión. Esto no es sencillo de probar y ni siquiera fijar precio es un elemento probatorio del alter ego.
La defensa argentina coincide en que lo “ridículo” es que este caso se tramite en Nueva York. “Es un conflicto entre partes argentinas, a lo sumo empresas españolas, donde además se aplica la ley argentina”, afirmó a LPO una fuente que tuvo su participación en el litigio y remarcó: “Preska aplica legislación argentina porque rige la jurisdicción nacional para la resolución de conflictos, que se haya quedado con la causa, resulta insólito”.
FUENTE:LAPOLITICAONLINE
