En clase de Derecho Penal con los estudiantes de abogacía, hacíamos un ejercicio mental.  Siendo el Volkswagen Gol el auto más robado en la argentina, pusimos el supuesto disparatado de que, todos los prisionizados por robos y hurtos del país,  se habían robado un Volkswagen Gol 0 KM cada uno. Nada de pungueo de celulares ni mecherismo de ropa. No. Todos se robaron un VW Gol 0 KM. ¿Cuál hubiera sido el daño patrimonial total entonces?

El sistema carcelario argentino tiene en el país 100.000 detenidos aproximadamente. Mas que todos los habitantes de la ciudad de Concepción. De esa cantidad, el 47% está sin condena firme. Esto es, que para nuestro sistema constitucional, hoy ellos son inocentes ya que aun no se ha demostrado lo contrario. O sea, están presos “por las dudas”. Sigamos.  ¿Cuáles son los rasgos de esta población carcelaria?  Antes de perder la libertad, el 94% no había terminado el secundario. Casi consecuentemente, la mayoría tenía problemas de inserción laboral: el 84% estaba desocupado o precarizado.  Respecto a las posibilidades de reinserción futura, el 71% de los internos no participa de ningún programa educativo. Esto, conjugado a que los institutos penales alojan un 15% más de reclusos de lo que su capacidad edilicia se los permite, hace que la cárcel no sea un lugar propicio para re -socializar a nadie.

Marchamos a un Estado punitivo. El prejuicio de “la puerta giratoria” se da de bruces con lo que dice la estadística penal.  En el año 2010 los prisionizados en Argentina eran 59.227. Hoy superan los 100.000 internos.  Si este 68% de crecimiento que tuvo la población carcelaria hubiera sido correlato del aumento de los habitantes en la Argentina, hoy tendríamos que ser  74 millones los argentinos. Y no, no lo somos. Hemos aumentado nuestra tasa de prisionización. Marchamos a un Estado punitivo.

Nos preguntamos si este endurecimiento tuvo una consecuente baja del delito. Parece que no. Lo robos y hurtos han aumentado en estos últimos años. Pero siempre se puede seguir prisionizando más. La tasa de encarcelamiento de EEUU es de 614 cada 100.000 habitantes. Nosotros recién vamos por los 210 cada 100.000 habitantes, teniendo una tasa de homicidios dolosos equivalente a la del país del norte. El número de presos que quiere un país depende de una decisión política.

Clasificando los prisionizados por delito cometido, el 42% está privado de la libertad por robos  y hurtos. Le sigue con un 16% por infracción a la ley de estupefacientes, un 15% por homicidios dolosos, siendo estos los tres principales tipos de delitos por el que se prisioniza hoy en Argentina.

Pero volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio con nuestros estudiantes: ¿Cuánto sería el daño patrimonial que podrían haber causado (en un cálculo exagerado)  todos los prisionizados por robos y hurtos? Considerando que hay 42.000 reclusos por esto, en el extravagante supuesto que todos se hubieran robado un VW Gol 0KM cada uno (y que el auto no se hubiera recobrado nunca), este daño sería de 280 millones de dólares. Es mucho, ¿verdad?

Pues lo de los autos suena a bastante poco si lo comparamos (y acá ya no hay exageración extravagante) con los 3500 millones de dólares de evasión tributaria en comercio exterior en la Argentina cada año. Si.  Cada año 3500 millones de dólares. Lo suficiente como para construir 35 hospitales de alta complejidad de 70 camas cada uno….por año. ¿Cuántos presos hay por este delito en todo el país? No contamos con estadísticas de presos por evasión tributaria en comercio internacional. Solo sabemos que, todos los prisionizados por todas las evasiones tributarias en la Argentina son, al día de hoy…28 personas. Probablemente no haya un solo preso en todo el país por manipulación de precios de transferencia y evasión al fisco en exportaciones e importaciones. ¿Y por delitos contra el orden económico, como el manejo abuso de información de mercado privilegiada (insider trading)? Ahí si estamos seguros. El número es 0.

Señoras y señores, digamos las cosas como son. Las cárceles son depósitos de marginales y pobres. Si es que delinquieron (porque en el 47% de los casos todavía no tenemos esa certeza, no hay condena aún) en la cárcel no se va a rehabilitar nadie. Hacinados y sin programa de reinserción, adentro aprenderán todo aquello que les posibilite sobrevivir un día más. Y eso no será un oficio precisamente. Cuando salgan, a la estigmatización de ser un marginal, le sumaran ahora la cucarda de ex convicto. El sistema penal hace todo lo necesario para que sus egresados reincidan y peor.

A nadie le importa la suerte de los que cayeron en la cárcel. Nadie se pregunta si son realmente culpables o no. Recordemos hasta el cansancio. Hay un 47% que no tiene condena. Y si es que son culpables, a nadie le interesa si pagan una pena proporcionada a la falta que cometieron. Todo se maneja por prejuicio y preconcepto inducido por el poder fáctico. Poder que, en el delito material,  encuentra al chivo expiatorio ideal para distraer a la ciudadanía de los giga-delitos de cuello blanco que el establishment comete prolijo y perfumado. Si surge la discusión, se publicitará de manera morbosa algún delito aberrante para generar una indignación general y justificada. No para prevenir nuevas atrocidades. Si  para manipular la lógica irritación pública y canalizarla hacia todos los presos de Argentina. No importa sin son culpables o no, o  que el delito que cometieron.  Sembrar el odio necesario para fomentar la batalla de pobres contra pobres. Recurso ideal para la dominar.

Las pésimas condiciones sanitarias de la cárcel  (un lugar recordado por Dios -“visitar a los presos” manda el catecismo- pero olvidado de los hombres) hicieron de este ámbito una bomba de tiempo para el contagio del COVID-19. Así, siguiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, los sistemas carcelarios del mundo empezaron a enviar a los presos no peligrosos en situación de contagio,  o cercanos a cumplir su condena, a sus casas para qué sigan purgando allí el resto de la pena.

Turquía envío a sus casas a 45.000 presos, Indonesia 30.000, Brasil 30.000, Francia 10.000, Reino Unido 4.000, Estados Unidos 16.000, España 8000 y la lista sigue. Cuando Argentina quiso aplicar este criterio, no llegaron al preso número 600 y arreció la furia mediática diciendo que el Presidente de la Nación estaba haciendo una suelta de violadores y asesinos. De nada sirvió explicar que el Poder Ejecutivo solo podría intervenir en la cuestión a través de indultos o conmutación de pena, cosa que no ocurrió. Tampoco que el criterio de la Cámara de Casación Penal de la Capital Federal establecía que nadie con condena por delito violento, de género, de uso de armas o de abuso sexual podía ser mandado a cumplir pena domiciliaria. Las aclaraciones ante la mega fake news llegaron post-indignación creada. Nadie escucharía ya razones.

En el presente las cárceles están tan insalubres como siempre y más cerradas que nunca. Los jueces les pusieron candado y tiraron la llave para cubrirse de la inquisición mediática. Nadie les va a hacer juicio político por un contagio masivo que tenga por epicentro una cárcel, pero si se los harán por mandar algún preso a la casa.  Y afuera todos satisfechos pensando que, igual que los presos, el COVID-19 podrá ser detenido por los barrotes. La experiencia de la moderna ciudad de Chicago, donde el principal foco de contagio fue su cárcel, demuestra lo fugitivo que es el virus.

Hoy todo Juez que advierte sobre la situación proto-genocida que vive la población carcelaria es sujeto de la más cruel persecución mediática, prolegómeno de la judicial y política. La Cámara de Casación Penal de Buenos Aires afronta una lluvia de pedidos de jury de enjuiciamiento.  Algo similar de lo que sucede en Tucumán con el Juez de Ejecución Penal quien, desde que denunció las paupérrimas condiciones de la infraestructura carcelaria (como probable foco de infecciones) comenzó a transitar un calvario  que se prolonga hasta nuestros días.

El modelo de Estado punitivo necesita que todos y cada uno de nosotros seamos, en nuestra individualidad, agentes de reproducción de la segregación, el odio y la violencia. Un represor en potencia.  Así se producirá la batalla entre los oprimidos, esa batalla a la que asiste  gustoso el opresor desde su seguro palco. En días recientes se ha probado documentalmente, a través de una rigurosa auditoria del Banco Central, que se fugaron del país 86.000 millones de dólares. Suma financiada en su mayoría con los dólares que vinieron por endeudamiento y que ninguno de nosotros vio. Pero que deberemos pagar. Sin embargo, esto genera mucho menos indignación que la que despierta un ladrón de gallinas.  Y el debate es casi imposible. Ante este análisis que intenta ser racional, se contrapondrá el testimonio de una víctima destrozada por algún crimen atroz. La falacia por generalización precipitada surtirá efecto emotivo, se culpara a toda la población carcelaria de ser asesinos y violadores, y los datos que acá damos servirán entre poco y nada.

Cuando se persigue al delito de cuello blanco, se persigue al Poder. Y allí la cosa se pone difícil. Esto ocurre en el mundo, no solo en Argentina. En la experiencia estadounidense, la ciudadanía se siente mucho más amenazada por el delito de ejecución material simple que por los delitos complejos de ejecución abstracta. Así lo entiende David Shapiro, experto en fraudes financieros de John Jay College of Criminal Justice, Nueva York. Pero Shapiro señala que, si se comprueba el delito complejo, la sanción será durísima.  Acá ni siquiera eso.

Sin embargo, en la clase de Derecho Penal, he visto que los estudiantes han adquirido una postura independiente y crítica. Parece que ya no se creen en todo lo que les dicen los medios. Eso solo me alcanza para entender que vale la pena insistir.

                                                                                                                                                         autor: Javier Ortega (Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente de la UNDAV. Integrante de la Corriente 1ero La Patria )