
Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos las personas por el solo hecho de pertenecer al género humano, independientemente de su sexo, nacionalidad, etnia, creencias o situación económica. Desde lo jurídico, su fuente más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, la que reconoce como antecedente la Declaración del los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Estos principios son receptados por Tratados Internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos entre otros. Dichos textos están incluidos como parte integrante del nuestra Constitución Nacional.
Los Derechos Humanos son reconocidos entonces por un plexo normativo de naturaleza internacional, de manera integrada con la Constitución Nacional. Instituyen un núcleo de principios sobre el cual debe edificarse todo el sistema legal y administrativo del Estado.
Es por eso que quienes violan los Derechos Humanos son los Estados y no las personas. Las personas cometen delitos o transgresiones a la normativa penal, civil y administrativa. Pero no violan Derechos Humanos. Los Derechos Humanos son una categoría jurídica desarrollada para sujetar la conducta de los Estados. Para las personas tenemos al derecho interno.
Si un turista cuando va de viaje a otro país se roba las toallas del hotel donde paró, eso es materia del Derecho Penal del país donde robó, y no un incidente internacional que involucra al Derecho Internacional Público de los Estados donde se ubicaba el hotel y del Estado de donde procedía el turista. No habrán de aplicarse acá las convenciones de La Haya ni de Ginebra.
De la misma manera, alguien que hurta un florero, es pasible de ser considerado transgresor de la ley penal vigente, pero no se considera que está violando el Derecho Humano a la propiedad.
Los Derechos Humanos son cosa seria. Más en un país como el nuestro donde se padeció el genocidio sistemático como política de un Estado terrorista.
Cuando se confunde todo con todo no es torpeza. Es adrede para tratar de banalizar la cuestión y propiciar la vuelta de un Estado criminal.
La mentira y la desmovilización siempre se construye mixturando falsedades con verdades parciales y mezclando para embrollar. Haciendo esta ensalada, se logra que todo aparezca como carente de sentido. Todo da lo mismo. Con esto se logrará cultivar el escepticismo necesario para degradar nuestra condición humana.
Comparar Julio López con Santiago Maldonado es parte de estas aberraciones. Sobre la tragedia que son estas desapariciones, se monta un deliberado engaño de contenidos.
La desaparición de Julio López fue perpetrada por grupos clandestinos, probablemente ligados a la dictadura, como mensaje y amenaza contra un Estado y contra la política de ese Estado que era la preservación de los Derechos Humanos a través del desarrollo de los juicios de la memoria. Podemos criticar al Estado por ineficiente, por débil, por abúlico, por colonizado, por torpe. Pero no por desarrollar en este caso la política sistemática de desaparecerlo a Julio López. No fue la Policía Federal la que, bajo órdenes de las autoridades regulares, desapareció a Julio López.
Santiago Maldonado es un caso diferente. Santiago Maldonado fue desaparecido por el Estado a través de una de sus fuerzas oficiales, que es gendarmería. Y fue desaparecido como parte de una política de Estado que es la represión violenta para con quien, aun pacíficamente, cuestione algún aspecto de quien detenta la propiedad de algo. Aunque esa propiedad sea mal habida. Y mucho más cuando se trata de propiedad en manos de capitales extranjeros. No fue un grupo clandestino el que lo desaparece a Santiago Maldonado. Fue el Estado. Acá no hay un Estado torpe e ineficiente que no sabe defender el Derecho. Se trata de un Estado que, deliberada y eficientemente, lo viola él mismo a sabiendas y voluntariosamente.
En Santiago Maldonado hay un tema de Derechos Humanos. Fue el Estado el que lo desapareció.
Alrededor de este Estado criminal que pugna por volver, juegan otros grupos de Poder que, a través de los medios de comunicación, buscan confundir todo deliberadamente, burlándose del suceso, sembrado pistas falsas, silenciando el hecho. Y a la postre estigmatizando a la víctima. Así excitan lo peor de los prejuicios de nuestra sociedad civil cuando algunos de sus miembros hasta se mofan de la desaparición diciendo que el desaparecido anda de vacaciones o en última instancia se merece su destino por hippie. Los funcionarios del Estado en tanto, niegan (coherentemente con la política violenta) la desaparición forzada y protegen a sus perpetradores directos, en este caso la fuerza de seguridad que es gendarmería.
López y Maldonado son dos sucesos distintos. Lamentables y trágicos ambos. Pero mientras el primero fue producto de un mensaje mafioso que se le da al Estado para que deje de hacer respetar los Derechos Humanos, el segundo es el Estado mismo quien viola a esos Derechos Humanos.
Si nuestro sentido solidario no logra asimilar las ideas y valores que sustentan los Derechos Humanos, apelemos entonces a nuestros elementales impulsos egoístas. Pensemos que nos puede salir una hija abogada que sienta la vocación de defender los derechos de los pueblos originarios, o un hijo rockero que lo detengan por sus cánticos contra la represión. Cuando en lo personal nos sintamos inseguros por cómo reaccionará el Estado ante estas hipótesis, empezaremos a entender de lo que estamos hablando.
javier ortega
Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente Universidad Nacional de Avellaneda