
El debate oral y público comenzará a las 9. El tribunal está integrado por los camaristas de la Sala III de la Cámara Penal, Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez. |
A casi doce años del brutal asesinato de Paulina Lebbos, el próximo martes 6 de febrero, a las 8.30, comenzará el juicio en el que se juzgarà a cinco ex funcionarios, por encubrimiento agravado, y a Roberto Luis Gòmez, el único imputado por privación ilegìtima de la libertad seguida de muerte.
En el banquillo de los acusados estarán sentados el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; el ex subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez, quienes están acusados por el delito de encubrimiento agravado. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único sospechado por el crimen, quien fue procesado debido a que se constató que utilizó el teléfono celular de la víctima (le puso su chip), dos horas después de su desaparición ocurrida el domingo 26 de febrero de 2006. Su cuerpo apareció el 11 de marzo en unos matorrales, a la vera de la ruta Nº 341, en Tapia.
El caso de Paulina Lebbos se transformó en una bandera que Alberto Lebbos, su padre, encabezó en las marchas de todos los martes por las víctimas de la impunidad.
En la madrugada del domingo 26 de febrero de 2006, Paulina fue vista con vida por última vez. Había salido con amigos a bailar a la zona del Abasto, festejaba que el día anterior había aprobado una materia. Paulina, con 23 años, era madre de una niña de 5 años y estudiante de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras.
Desde la zona del Abasto, Paulina tomó un remise con Virginia. Su compañera de facultad se bajó en La Rioja al 400, y Paulina siguió el viaje con destino a la casa de su novio, César, en Estados Unidos al 1200. Pero nunca llegó. Ese mismo día Alberto Lebbos denunció la desaparición de su hija. El ministro de seguridad Pablo Baillo y el jefe de Policía, comisario Hugo Sánchez, anunciaban cada día “importantes” operativos de rastrillaje en busca de un Duna bordo, el modelo y color del remise en la que se vio por última vez a Paulina. Según los anuncios, en los operativos participaban hasta los servicios de inteligencia heredados del bussismo, el D2. La investigación, a cargo del fiscal de instrucción Alejandro Noguera, se centró la víctima, en si existía un conflicto familiar por el cual Paulina “huyó”. Se anunciaban pistas en Jujuy, Salta y hasta hubo enviados a Rio Negro. En contraposición, compañeros y amigos de Paulina marchaban desde la Facultad de Filosofía hacia la Casa de Gobierno para exigir su aparición con vida.
El 11 de marzo fue encontrado el cuerpo de una joven, a la vera de la ruta 341 a la altura de Tapia, a 30 km de la capital tucumana. Fue hallado por los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, alrededor de las 13 h, que dieron aviso al policía jubilado Hugo Rodríguez. Rodríguez se dirigió a la comisaria de Raco. El comisario de Raco Enrique García se encargó de las primeras actuaciones, mientras que Rubén Brito, jefe de la Unidad Regional Norte, se comunicó con sus superiores en la fuerza y en el Ministerio de Seguridad. La policía fue desplegada en la zona pero recién se notificó al fiscal a las 18 h. Alberto Lebbos fue llamado a las 20 h para reconocer el cadáver. El cuerpo se hallaba en un estado de descomposición avanzado, con mutilaciones en la zona vaginal y bucal, con el cuero cabelludo arrancado en su totalidad y las huellas digitales limadas. En la autopsia se determinó que Paulina murió asfixiada por estrangulamiento. FUENTE : LV12 |