En abril, los gremios acordaron con el Ejecutivo un incremento salarial del 25 por ciento para este año, en dos partes iguales (en marzo y en este mes), más una cláusula de revisión por inflación con actualizaciones en junio, septiembre y diciembre. Por este ítem, el año pasado el Gobierno otorgó una suba salarial que llegó al 47,8%.
El ministro de Gobierno, Regino Amado, aseguró a La Gaceta que no hay un techo de actualización para cumplir con lo acordado con los sindicatos en las paritarias. Advirtió, no obstante, que si la inflación es exorbitante ninguna provincia podrá afrontar ese compromiso.
– ¿Se recompondrán los sueldos hasta igualar la inflación?
-Sí. Ahora, si la inflación se dispara, no por cuestiones ajenas a una provincia sino por políticas económicas nacionales, y se va al 100%, ninguna provincia podría pagar eso.
– ¿Hay algún tope entonces?
-No hay tope. Nosotros hemos sido optimistas. No decíamos 23% (de inflación) como establece el Presupuesto nacional, pero al 30% podíamos tranquilamente pagarlo. Pero si hay algo extraordinario van a tener problemas todas las provincias, no sólo Tucumán. Algunas ya están con problemas. Córdoba anunció que corta la revisión en agosto.
“El compromiso está”
Amado destacó que por la primera revisión abonaron un 11% de suba (la inflación ya era del 23,5 %) y que harán lo propio este mes y en diciembre. “El compromiso está, nosotros seguimos cumpliendo con lo establecido en las actas acuerdo”, dijo el funcionario provincial.
Las mediciones parciales de inflación que realizan las consultoras privadas adelantan un piso del 4% para agosto, el doble del 2,2% que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en julio (en lo que va del año es de 25,1 %). Es por esto que se estima que el año finalizará con un índice inflacionario por encima del 50%, más del doble del 23% que había proyectado el Gobierno nacional en el Presupuesto 2019.
Presentaciones judiciales
Amado recordó que la Provincia, a través del Fiscal de Estado, Federico Nazur, hizo dos presentaciones contra la Nación ante la Corte Suprema: una contra la eliminación del Fondo Soja (estimó entre 2018 y 2019 una pérdida de $ 1.788 millones) y por el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta básica familiar (calculó unos $ 1.500 millones menos).
