Lo planteó el diputado Cisneros, cercano al gobernador Manzur. Alberto no la incluyó en los temas a tratar antes del 1 de marzo.
La decisión de Alberto Fernández de excluir la ley de promoción de los biocombustibles del listado de temas a tratar en sesiones extraordinarias le metió ruido a la relación con el gobernador de Tucumán, el peronista Juan Manzur, uno de los interesados por la provisión de los ingenios azucareros a la industria del bioetanol.
Los ingenios son la industria madre de Tucumán y vienen soportando una decadencia de décadas, desde que la dictadura de Onganía decidió favorecer el ingenio de Blaquier en Jujuy. La ley de biocombustibles le daría viabilidad a uno de los sectores que más empleo ge
Carlos Cisneros, sindicalista y uno de los diputados que integra el bloque del oficialista Frente de Todos, pidió tratar “cuanto antes” la ley y advirtió que de lo contrario peligran los puestos de trabajos.
“Necesitamos la ley para cuidar a los 50.000 trabajadores de los ingenios tucumanos y más de 100.000 puestos de trabajo indirectos que sostiene el sector en la provincia de Tucumán”, sostuvo en diálogo con el diario La Gaceta de Tucumán.
“Se trata el uso sustentable de biocombustibles para ayudar a salir de la crisis en la que se encuentra el país creando puestos de trabajo de calidad, protegiendo al medio ambiente y reduciendo la dependencia de la importación de petróleo”, agregó Cisneros.
El diputado celebró que el gobierno haya actualizado los precios de los biocombustibles pero pidió continuar con los beneficios fiscales que existen desde 2006 y tienen prórroga hasta mayo. El Senado aprobó en octubre una extensión hasta 2024 pero el presidente no la sumó a los proyectos que quiere tratar en el verano.
Según supo LPO, la demora se debe a una presión de las provincias petroleras, golpeadas por los bajos precios internacionales del petróleo desde el inicio de la pandemia.
Cisneros advirtió que si la industria azucarera pierde el mercado del biodiesel se produciría un colapso en los ingenios tucumanos similar a 1966, cuando fueron intervenidos por la dictadura militar de Onganía y once de ellos cerraron.
“Se perdieron 50.000 puestos de trabajo y migraron 200.000 tucumanos, un cuarto de la población de entonces. La mayoría fueron a las villas miserias del Gran Buenos Aires. Y los ingenios fueron usados como centros de detención”, recordó.
nera en la provincia más poblada del norte argentino.
fuente: lapoliticaonline
