En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán recibió un hábeas data de los letrados Gustavo Morales y Luis Romero Abadie, representantes de la empleada judicial Alejandra Martínez Romero, quien denunció un escándalo mayúsculo en la provincia gobernada por Juan Manzur.
La Corte deberá resolver qué hace con la detallada presentación y si confirma los datos con los que cuenta la denunciante sobre la sociedad Brillante SA, vinculada con la mismísimo alto tribunal tucumano.
Se trata de la firma que ofrece el «servicio de mantenimiento y limpieza», y está relacionada con la ministra de Justicia de la provincia, Carolina Vargas Aignasse. En los papeles, el titular es Martín Miguel Salas, pareja de la funcionaria y sospechoso de haber violado la «ley penal tributaria», el quebrantamiento de la «ley nacional de Empleo» y de haber sido protagonista de «lavado de activos».
Según la presentación, es imposible que la Corte Suprema desconociese las condiciones de contratación de Brillante SA y, a su vez, la manera en la que se relacionaban con los empleados precarizados, que cobran 50 pesos la hora extra. O sea, no les alcanza ni para comprarse un alfajor.
Los letrados se preguntan por qué razón la Corte Suprema ha negado, sistemáticamente, la posibilidad de exhibir la documentación pública con la firma vinculada a la ministra de Justicia. Para Romero, los integrantes de la Corte Suprema serían «encubridores», «cómplices» o «partícipes necesarios» del desfalco, según el escrito al que accedió PeriodismoyPunto en forma exclusiva.
fuente: SomosNoticiaTucuman
