El sector docente y de la salud insisten en que, en paritarias, se debe discutir una actualización del salario acorde a la inflación
Con una inflación que se mantiene a niveles de dos dígitos, el panorama para las paritarias en el primer trimestre tiene dos características insoslayables: el cortoplacismo y la derrota de los salarios en términos reales, que se sigue acumulando frente al avance de los precios.
Bajo este contexto, los gremios tucumanos aguardan la convocatoria del Gobierno provincial para arrancar con las negociaciones del 2024. En particular, el sector de la docencia y el de los profesionales de la salud descartan que el bono de $40.000, que anunció el gobernador Osvaldo Jaldo, sirva para mitigar el impacto de la creciente inflación sobre el poder adquisitivo.
Julián Nassif, secretario general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), asegura que se suma a la solicitud de su colega. “El dato relevante es que en tan sólo tres meses -noviembre, diciembre y enero- el valor real del salario se despreció un 60%”, fundamenta.
El médico se refiere al bono como un “extra” que se recibe de manera acotada y que luego deja de percibirse, por lo que defiende un aumento salarial “en blanco” que impacte en el sueldo básico. “Que de pronto un bono de $40.000 quiera recomponer esa pérdida salarial para nada resulta suficiente”, comenta.
El gobernador de la Provincia, cuando anunció la entrega de este adicional para los estatales, habló de que “la discusión salarial va a llevar su tiempo”. Sobre esto, Nassif indica que “no tiene apuro” en cuanto al tiempo que lleven las paritarias, siempre y cuando se defina correctamente la cuestión económica.
“Lo que buscamos es que no sea algo que se defina rápidamente y que, en el apuro, las cosas no se hagan bien. Solicitamos que haya una convocatoria lo más inmediata posible, porque el sueldo no alcanza. Los cuatro niveles salariales del Siprosa tienen sueldos iniciales por debajo de la línea de pobreza; aunque se trabaje, se es pobre”, declara.
Del lado de la docencia tucumana, Hugo Brito plantea que todavía se debe acordar con el Gobierno una actualización de salarios de acuerdo a la inflación de 2023. El secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) insiste en que se trata de un desfasaje del 100%.
“Recién ahí podemos dialogar e ir actualizando los sueldos, que perdieron muchísimo valor. Queremos que las clases comiencen el 1 de marzo, pero para que eso suceda tiene que haber condiciones dadas”, advierte Brito.
Asimismo, el docente insiste en que, hasta que no se consiga un salario docente que responda a las necesidades de los profesionales, no estará garantizado ni el regreso de los docentes al período previo de clases ni el inicio del ciclo lectivo.
“Tenemos un mínimo de $220.000 que con suma fija llega a apenas $280.000. En enero, la canasta básica estaba prácticamente en $500.000; es decir, es imposible afrontar los gastos personales, familiares, profesionales y de transporte para un docente”, sostiene Brito.
En tanto, Raquel Grassino, de Docentes Autoconvocados, analiza que el bono que enviará el Gobierno no cubre “ni la pérdida del poder adquisitivo del salario provocada por la alta inflación de 2023”. “Hoy podemos afirmar que el 90% de la docencia es pobre. Entonces, los $40.000 son una burla”, asevera.
Por último, agrega: “La docencia necesita una asamblea general, que necesariamente deberá autoconvocarse para preparar la huelga general educativa para enfrentar el ajuste salarial y el ataque a las condiciones de trabajo y demás derechos de la docencia”.
En cuanto al diálogo que se llevará a cabo entre el Gobierno y los gremios estatales, se dispuso que la fecha de inicio será el 19 de febrero. Jaldo aseguró que los sueldos serán abonados a tiempo y que la Provincia mantiene sus cuentas en orden. “Trabajamos en la situación fiscal de la provincia, venimos con las cuentas ordenadas y equilibradas, pagando los sueldos en tiempo y forma. Ya estamos pagando el mes de enero que se abona en febrero”, declaró.
Y reiteró el pago de $40.000 que realizará el Estado provincial una vez que se complete el pago salarial. “Este es un gobierno que escucha, un gobierno que dialoga y, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades, vamos a tratar de seguir colaborando y ayudando a los diferentes sectores de la sociedad de la provincia de Tucumán”, afirmó el gobernador.
fuente:LAGACETA
