Un estudio de la consultora Zuban Córdoba reveló que el ajuste no lo está pagando “la casta” sino “todos los argentinos”. Desaliento a corto plazo.
El 56,3 por ciento de los argentinos espera que los diputados nacionales rechacen el DNU 70/2023, tal como hicieron la semana pasada los senadores y el 71,6 afirma que su situación económica empeoró desde la asunción presidencial de Javier Milei.
Los datos mencionados surgen del último informe elaborado por la encuestadora Zuban Córdoba, en la edición de marzo de su ya tradicional “Domingo de Datos”. El título, en este caso, es “La economía en la era Milei” porque da cuenta tanto del derrumbe de las expectativas de la población, como del acelerado deterioro de las economías personales y familiares en apenas un trimestre.
El estudio fue realizado entre los días 7 y 9 de marzo pasado, sobre una base de 1500 casos en todo el país, con un margen de error de 2,5 puntos, con metodología Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
El 55,4 por ciento de los entrevistados cree que el país va en la dirección equivocada, frente al 42,4 que piensa lo contrario. Si estos números son alarmantes, apenas transcurrido un trimestre, lo más preocupante para el oficialismo debería ser la tendencia, que se invirtió respecto de diciembre pasado. Entonces, el 54,3 por ciento creía en el rumbo marcado por el libertario y el 43,5 descreía. La confianza cayó 12 puntos en este tiempo, a razón de 4 por mes. La desconfianza en el rumbo va de la mano con el deterioro de la propia situación.
El 70 por ciento afirma que ya no sabe qué gasto ajustar para llegar a fin de mes y el 53 por ciento teme perder su empleo, temor que era estadísticamente secundario durante la gestión pasada y cobra relevancia a medida que se profundiza la recesión.
A modo de ejemplo, este diario pudo saber que la construcción, uno de los motores de la economía doméstica, perdió en este tiempo 100 mil empleos directos y otros tantos indirectos. La deuda del Estado con las empresas del rubro, que facturaron por última vez en octubre, alcanza los 150 mil millones de pesos, de manera que las empresas se ven empujadas a incumplir obligaciones y trasladar ese quebranto a sus proveedores y resto de la cadena de valor.
