Quienes invirtieron en la financiera Soramus conocian que se realizaban prestamos a altas tasas (USURA) como forma de cobrar altos intereses mensualmente.
No es una situación nueva, ni se trata de un caso inédito. Quienes hoy reclaman aduciendo que fueron estafados, contaron con varias historias previas similares que podrían haberles servido de advertencia. Sin didas la más conocida es la de Adhemar Capital, que desde Catamarca hizo llegar sus tentáculos hasta Tucumán, o una más lejana en el tiempo pero puramente tucumana como el caso Rigourd, que tuvo otro final del que se espera para el primer ejemplo, que se parece mucho al actual entuerto, dado que no pocos de los afectados no tienen ningún elemento formal con el cual pedir un resarcimiento.
“No recuerdo bien la fecha, pero en 2016 comencé a invertir ahí. Nos había ido relativamente bien, poníamos plata y sacábamos cuando nos hacía falta y ganábamos con los intereses y te cumplían. Siempre invertimos con Soramus y con Sebastián González”, contó una de las afectadas por la financiera local que no sabe si podrá recuperar los $ 5,6 millones que invirtió cuando, como suele pasar, todo iba de maravilla, hasta que no.
Su hermana agregó que ella también invirtió en su momento en la misma firma a la que definió como “confiable”, al menos en apariencia. “Yo llegué a sacar mi capital antes de que empezara el problema, pero me salvé porque estaba pensando en volver a invertir cuando tuviera la posibilidad”, confesó.
El jueves la Justicia allanó oficinas en calle La Madrid al 300 y al 400, en barrio Sur, donde operaba Soramus S.A, la financiera a nombre de González, cuya firma con el ostentoso título de presidente se puede ver en algunos pagarés, hoy tan inciertos como el paradero desconocido del trader, por el que que la Justicia dictó una orden de captura.
“Todo iba bien, pero en agosto quisimos sacar nuestro dinero y descubrimos que ya estaban con dificultades para cumplir. Nunca había habido problema, pero esa vez nos hablaron de ‘fechas programadas’. Fue la excusa con la que nos fueron postergando hasta diciembre…”, la mujer que se atrevió a contar su caso.
Otro invcersor que se encontraba en una situación similar, es uno de los que acudió en diciembre a la reunión a la que los habría llamado González, para ensayar algunas explicaciones. “Dijo que esperáramos seis meses para que se recuperara y pudiera entregar el dinero, que el cambio de gobierno le había traído dificultades y que la plata estaba pero que en ese momento estaba todo ‘congelado’”, rememoró.
“Después de eso, entre diciembre y mediados de febrero no nos recibió, hasta que nos firmó un pagaré para julio, pero con la posibilidad de empezar a retirar parte de la plata en abril. Cuando fuimos a la oficina el 26 de abril el portero del edificio nos informó que ya no estaban ahí; ya nadie atendía las llamadas tampoco”, detalló el damnificado que invirtió $ 4,6 millones y que debía recibir aproximadamente $ 7 millones por aquel aporte.
“Fue un daño muy importante, eran prácticamente todos nuestros ahorros. La verdad no queríamos llegar a denunciarlo porque era confiable, pero ayer cuando estaba en Tribunales y vi que había tres personas más denunciando lo mismo me di cuenta de que no podrá cumplir sus promesas”, cerró desencantado el y no tan confiado cuotapartista.
González pudo mantener su apariencia de solvente ofreciendo dos clases de servicios:
Capitalización: accedían a adherentes de mutuales proponiéndoles ingresar a una especie de sistema de ahorro. El cliente entregaba una suma de dinero y cobraba los intereses que iban del 100 al 300 por ciento, según el tiempo que ellos elegían estar en el grupo. Por ejemplo, entregaban $ 1.000, en el máximo plazo, obtenían $ 3.000. El ahorrista tenía la posibilidad de retirar todo el dinero, únicamente las ganancias o ir aumentando el capital para obtener mayores dividendos. El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales, tenía una mutual propia, pero también firmaba convenios con otras para que les permitieran a sus afiliados ingresar a esta suerte de mecanismo de ahorro, e incluso hubo otras entidades que, sin consultar a sus adherentes, habrían colocado dinero ajeno sin advertir o, en todo caso, obviando que era a las claras una pirámide de Ponzi.
Préstamos: La financiera recibía sumas de dinero para que personas vinculadas a la firma lo ofrecieran en el sistema financiero paralelo. Léase usura. Mensualmente cobraban los intereses del capital que entregaban y que iban desde el 20por ciento al 800 por ciento, dependiendo siempre el monto del capital que entregaban y el tiempo del contrato que firmaban. Por ejemplo, una persona que entregaba $ 1 millón, en un mes podría cobrar al menos $ 200.000 u $ 800.000. “Eran como unos intermediarios. En vez de dedicarnos nosotros a hacer ese negocio, lo hacían ellos a nuestro nombre. Obviamente que se quedaban con una parte de los intereses”, destacó otra integrante del tendal dejado por González, que ya se resignó a no realizar denuncia alguna contra de los responsables de la financiera.
Cuando el castillo de naipes comenzó a tambalear se descubrieron las maniobras a las que apelaba el prófugo para obtener más dinero y al mismo tiempo, sostener todo lo posible las apariencias:
Robo de nombres: según las denuncias que llegaron hasta los investigadores, el titular de la financiera podría haber usado los nombres de clientes para obtener créditos en distintas firmas, algo que los damnificados advirtieron recién cuando empezaron a recibir intimaciones de pago de esas entidades.
Al descubierto: Los problemas se manifestaron cuando los ahorristas empezaron a recibir sus “beneficios” mediante cheques que no tenían fondos o que incluso resultaron ser falsos.
FUENTE: CONTEXTO
