Con críticas al accionar judicial, la definición la tomará el GAFI, bajo la flamante presidencia de la mexicana Elisa Anda Madrazo. También están en la mira las multimillonarias inversiones del RIGI.
Durante los próximos dos meses, el Gobierno hará dos intentos: por un lado, convencer a la flamante presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa Anda Madrazo, de que se imponga una decisión política de respaldo a la gestión de Javier Milei, por encima de la negativa técnica a la lucha antilavado; por el otro, acelerar el proceso de inversiones y el ingreso de dólares vía el blanqueo de capitales, de modo de ganarle de mano a una eventual sanción que pondrá en jaque a las dos apuestas que puso en cancha para engrosar sus reservas en el Banco Central.
Por este motivo, el Gobierno intentará exprimir todos los minutos disponibles, en una carrera contrarreloj, en las negociaciones abiertas en Paris, en donde se evalúa el ingreso de la Argentina a la lista la temida lista gris que arma el GAFI. De recibir un revés, la decisión les meterá ruido a las expectativas positivas que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo de capitales que la administración Milei impulsó para atraer dólares propios y ajenos que sostengan el modelo de competencia de monedas, previo a la dolarización.
Según una fuente oficial de primer nivel consultada por PERFIL, los representantes argentinos que están en la negociación utilizarán todo el tiempo posible para revertir una sanción de parte del organismo internacional. “Es un proceso. Entiendo que las reuniones en Paris fueron positivas ante el borrador que habían preparado. Y seguirán trabajando hasta la fecha formal de la evaluación”, confió, off the record, el funcionario libertario.
Con un pie adentro de la lista gris
Hoy, la Argentina tiene un pie puesto en la lista gris del organismo intergubernamental, por deficiencias en el combate contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Según otras fuentes consultadas por PERFIL, en el plenario del GAFI, que se realizará entre el 21 y 25 de octubre próximo en la capital francesa, la novedad “no será beneficiosa para el país” y tendrá impacto sobre un contexto muy complejo para la Argentina.
Sucede que la degradación en la calificación del antilavado “por falta de resolución en las causas denunciadas” cortaría el proceso de blanqueo de capitales, ya que en su sanción legislativa prohíbe la exteriorización de activos no declarados de países en lista gris. El propio país en donde se aplica quedará excluido.
Además, de poner en duda las condiciones de estabilidad legal de las inversiones multimillonarias que se agolpan por ingresar al país con los beneficios del RIGI. Este último viernes, por caso, más de 200 empresas multinacionales, alineadas a los Estados Unidos, se reunieron con cinco provincias mineras para explorar proyectos en ese sector.
Una decisión política para el GAFI
El GAFI, creado en 1989 por el G7 (los países considerados potencias mundiales en ese momento), se apresta a incluir a la Argentina en una lista gris que por ahora integran una veintena de países, entre los que se encuentran Burkina Faso, Camerún, Haití, Kenia, Siria, Mónaco, Croacia y Venezuela. En la lista negra, que es el paso siguiente, sólo están Irán, Birmania y Corea del Norte.
“La inclusión en la lista gris es un hecho casi inevitable. En el mejor de los casos, el país puede aspirar a que el GAFI le dé un plazo de un año, aproximado, para regularizar los puntos cuestionados, pero generalmente esa instancia se pone en marcha para evitar la degradación a lista negra”, señaló una fuente consultada por PERFIL, que asesoró a la Unidad de Información Financiera (UIF) durante una parte de la gestión kirchnerista. De confirmarse la sanción, el impacto tendrá consecuencias en el flujo de dinero en el país que esperaba el Gobierno, lo que complicaría la necesidad de circulación de dólares en la economía doméstica.
El problema que enfrenta la gestión Milei es la objeción a los procesos judiciales inconclusos, en donde se cruzan tramas de corrupción y posible lavado de activos financieros. En Paris quieren que la Argentina cuente con mayores medios para la investigación de comportamientos sospechosos, que permitan más acciones cuando se detecte una irregularidad. Pero, especialmente “una acción judicial más efectiva, con más magistrados y sanciones disuasorias y proporcionadas”. Es un requisito habitual a los países que están en lista gris.
El fallido paso de una consultora, el juez Lijo y las causas K
Un hecho que generó ruido en el GAFI fue la frustrada intervención de la consultora K2 Integrity, representada en el país por el ex jefe de la UIF durante la gestión Cambiemos, Mariano Federici. La firma internacional, que se especializa en temas de antilavado, participó de reuniones de análisis, pero luego quedó marginada por falta de acuerdo con el Gobierno, aunque se hizo de información privilegiada.
“Esa desprolijidad dejó un mal antecedente”, señaló un experto en la materia. Justamente, el ex funcionario macrista fue un crítico del juez y candidato del oficialismo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, por haber dejado “planchada la parte restante de la investigación financiera para garantizarle la impunidad a (Amado) Boudou y a algunos empresarios poderosos vinculados al financiamiento político de Sergio Massa”.
La revisión del estatus de la Argentina es parte de la herencia extendida que recibió Milei. Sucede que la pandemia hizo pasar por alto la calificación que el país debía enfrentar en 2020, cuando estaba cuestionada la acción judicial por la propia UIF, que había sido comandaba hasta diciembre de 2019 por el cuestionado Federici. En el medio, pasó la gestión de Alberto Fernández, con Carlos Cruz y Juan Carlos Otero como interventores del organismo antilavado.
Según pudo saber PERFIL, las críticas del GAFI hacia el trabajo antilavado está fuera del control del Gobierno y es lo que preocupa a los intermediarios. “Se trata de una resolución política y está vinculado con la potestad que le darán a Milei de aumentar el flujo de dólares en el país, muchos de los cuales dejarán los mal llamados paraísos fiscales para instalarse en la Argentina, bajo las condiciones extraordinarias del blanqueo y el desarrollo de actividades de alto rendimiento, como las energéticas y las mineras”, sintetizó otra fuente conocedora del tema.
FUENTE: Perfil
