Un proyecto de ordenanza para regular los piquetes y las manifestaciones en la capital reavivó el debate sobre el uso de la vía pública. El radical Agustín Romano Norri (presidente de la bancada Acuerdo para el Bicentenario) es el autor de la iniciativa que prevé multas de casi $ 20.000 a los manifestantes que no informen a la Municipalidad de los piquetes o marchas que se salgan del recorrido pautado.
La propuesta coincide con el anuncio de la ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, de que “despejará” las rutas y calles cortadas por piqueteros. “Las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, despejando; y esa dispersión puede tener alguna consecuencia”, había dicho.
Un proyecto de ordenanza para regular los piquetes y las manifestaciones en la capital reavivó el debate sobre el uso de la vía pública. El radical Agustín Romano Norri (presidente de la bancada Acuerdo para el Bicentenario) es el autor de la iniciativa que prevé multas de casi $ 20.000 a los manifestantes que no informen a la Municipalidad de los piquetes o marchas que se salgan del recorrido pautado.
La propuesta coincide con el anuncio de la ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, de que “despejará” las rutas y calles cortadas por piqueteros. “Las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, despejando; y esa dispersión puede tener alguna consecuencia”, había dicho.
“De ninguna manera pretendemos menoscabar o atentar contra el derecho a huelga, simplemente es un intento de abrir el debate para encontrar el modo de regular las protestas, para evitar el caos en el tránsito y se puedan coordinar operativos con la policía de tránsito”, explicó el radical.
En cinco artículos, el proyecto establece que los manifestantes deberán solicitar un permiso con antelación a la medida de fuerza a una dependencia municipal. “El Ejecutivo Municipal facilitará, con los medios a su alcance, el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía, reconocidos por la legislación municipal, provincial y nacional vigente así como también por los tratados internacionales, y en especial, el de manifestación, expresión y participación en el ámbito del ejido municipal, siempre que se realice por medios lícitos y con conocimiento de la autoridad municipal, respetando la organización pactada en referencia a horarios, itinerarios y condiciones específicas”, se aclara.
“Gravísima”
“La violación a la conducta descripta en esta ordenanza será considerada como gravísima. Sin perjuicio, de cualquier tipo de responsabilidad de carácter penal, contravencional o civil, las infracciones a los preceptos de la ordenanza serán sancionados con multas de 5.000 a 15.000 urbanos”, establece el artículo 4. El “urbano”, la unidad de medida establecida por el municipio para fijar las tasas municipales, fue fijado en 2016 en $ 1,30. La máxima multa alcanzaría los $ 19.500.
“A veces son 10 personas los que cortan 25 de Mayo y San Martín y ocasionan caos en todo el centro. Sí, protesten, pero que sea en un lugar particular o que permitan la circulación despejando media calzada. ¿Dónde está lo finito? Queremos saber hasta dónde llega el derecho a huelga o hasta dónde el derecho a la libre circulación. Por qué uno debe llegar tarde a su lugar de trabajo o no puede trasladarse si la burocracia sindical define que habrá cortes o que no haya colectivos porque son de un color político diferente”, argumentó Romano Norri. “No debemos tenerle miedo a la palabra orden. Apuntamos a debatir medidas para evitar el colapso de la ciudad”, continuó.
Adhesiones y reproches
La iniciativa dividió al Concejo: cosechó el apoyo del bussismo y críticas desde el peronismo.
“Estamos completamente de acuerdo con ordenar a las protestas para que no desordenen la ciudad. Vemos con estupor como algunos se adueñan de las calles perjudicando a miles de ciudadanos que no tienen nada que ver. Las manifestaciones son constitucionales en la medida en que no jodan a otros”, respaldó Ricardo Bussi. El opositor pidió multas más elevadas, para disuadir a los gremios. “Debemos terminar con estas actitudes patoteriles de algunos grupos que perjudican a otros sin ningún tipo de tapujos”, finalizó.
El peronista José María Franco, que hace menos de un mes abandonó el ApB, espacio afín al intendente Germán Alfaro, consideró que la medida no puede llevarse a la práctica. “¿El Municipio va a pedir los documentos a la gente para cobrarles las multas particularmente o les mandará la boleta al domicilio? ¿Multará a las agrupaciones? ¿Y si alguno lleva una bandera del Polo Obrero, por ejemplo, pero ellos en realidad no marcharon? ¿Qué pasa con los grupos universitarios, como las feministas de Pan y Rosas? Ellas son todas estudiantes universitarias, ¿de dónde pueden sacar $ 20.000 para una multa?”, arremetió Franco, que conforma el bloque unipersonal Restauración Peronista.
El edil relacionó la iniciativa con la línea del Gobierno nacional de impedir las protestas, como el protocolo antipiquetes, y con la reciente represión a los docentes en la plaza frente al Congreso hace un mes. “Con esta medida, buscan ponerle una mordaza más al pueblo”, finalizó Franco.
Dante Loza, presidente de la bancada Tucumán Crece-PJ (alineada al Gobierno provincial), tachó la iniciativa de plano: “me parece excesiva. No aporta, porque el derecho a manifestarse es constitucional. El espacio que representa el concejal Romano Norri llegó con su discurso de unir a los argentinos, pero esto sólo acrecienta la grieta”, disparó el alperovichista.
fuente:LA GACETA
