En una inspección de rutina en un supermercado COTO encontraron un pesado arsenal integrado por granadas, armas de fuego y de lanzamiento, municiones, proyectiles y escudos antitumulto.
La Justicia abrió una causa para investigar el hallazgo de un arsenal con armas de fuego, material explosivo, granadas antimotines, municiones y distintos pertrechos policiales en la bodega de una sucursal de la cadena de supermercados Coto ubicada en el porteño barrio de La Paternal.
La investigación se inició a raíz de un mensaje electrónico anónimo en la casilla denuncias@renar.gov.ar, a través del cual se advirtió que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC-ex Registro Nacional de Armas) había hallado “material controlado y varias armas de fuego irregulares” en el local.
El mail en cuestión señalaba textualmente que “el día martes 30 de agosto fue gente del RENAR a la calle Paysandú al 1800, en donde hay un supermercado grande, encontraron adentro, un montón de armas, una ametralladora con silenciadores, pólvora, granadas de las canchas lacrimógenas y las escopetas que usa la policía para tirarlas. No hicieron nada con los fierros que había limados. Se los dejaron y ahí y se fueron”.
Fuentes judiciales destacaron “la gravedad” que reviste haber descubierto un arsenal de armas ilegales de estas características en un supermercado ubicado en Capital Federal sin que las autoridades hallan neutralizado esta maniobra. La fiscalía expresó también su preocupación por la existencia de material catalogado como “explosivo” en manos de una de las cadenas de consumo masivo más importantes de la Argentina.
La fiscalía puntualiza que, durante los cinco días que transcurrieron desde que se halló el arsenal hasta que lo registró el Banco Nacional de Materiales Controlados de la ANMAC, advirtieron “irregularidades en la cadena de custodia del armamento, cuya composición física habría sido alterada”.
Algunas de las armas mostraron evidencias de haber sido adulteradas, con nombres de serie borrados, mientras ocho escopetas tenían pedido de secuestro desde el año 2003. Actualmente se busca esclarecer de dónde sacaron las armas ilegales los dueños de supermercados Coto y determinar si existió participación de personal de la Policía Federal, Prefectura o Albatros en la operatoria de compra-venta.
