Ángelo Calcaterra, primo hermano del expresidente Mauricio Macri quedó afuera del juicio oral y su caso será revisado por la justicia electoral.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal que definió, además, abrir el mismo planteo para otros tres empresarios. También se instó al Tribunal Oral a hacer el juicio
Inesperadamente, Ángelo Calcaterra, el primo del ex presidente Mauricio Macri, se convirtió en el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos en conseguir salir del futuro juicio oral por el pago de esas coimas por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, que estuvo detenido en esta causa. Casación tiene un rol clave: no solo le abrió la puerta a otros tres hombres de negocios que fueron imputados-colaboradores y pidieron lo mismo. También, en dos fallos distintos, instó al Tribunal Oral Federal 7 a acelerar el juicio oral en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner y hombres de su gobierno.
“Advertimos que los datos señalados, de cuyo análisis prescindió el tribunal oral, no se contraponen con las versiones de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero al señalar que los pagos atribuidos habrían tenido como motivación financiar las campañas electorales del partido político Frente para la Victoria de los años 2013 y 2015″, dijo el juez Daniel Petrone, acompañado por sus colegas Diego Barroetevaña y Carlos Mahiques, en un fallo al que accedió Infobae.
Para Casación, “no resulta aislado el dato, ya comprobado” que las fechas en que se concretaron las entregas de dinero atribuidas a los imputados “son coetáneas a las campañas electorales de las elecciones llevadas a cabo en los años 2013 y 2015″. Y afirmó que el Tribunal Oral “nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos”.
El fiscal Ramiro González y la jueza María Servini, con competencia electoral, habían reclamado que el caso de Calcaterra-Sánchez Caballero debían tramitado en su fuero. “En el fuero penal frente a situaciones similares se dispuso la competencia de la justicia electoral para entender en estos hechos considerados como aportes a las campañas electorales y más allá de encontrarse la situación de Calcaterra y Sánchez Caballero en una etapa del proceso penal más avanzada […] la dinámica de los hechos no puede analizarse de manera distinta ya que ello vulneraría el trámite de la especialidad del fuero electoral”, se señaló. “Teniendo en cuenta que los hechos traídos a estudio se refieren a la declaración por parte de los imputados de aportes privados con los que se habría financiado una campaña electoral, el control de legalidad de dichos actos se encuentra a cargo de esa jurisdicción especializada”. Fue el puntapié inicial de esta decisión.
Calcaterra podría no ser el único beneficiado por este criterio. Aunque habrá que esperar su decisión, ayer Casación le dio luz verde a los planteos de incompetencia que habían hecho los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson. Los tres habían declarado como imputados-colaboradores cuando comenzó el caso. Loson, además, impulsó otra causa en donde denunció irregularidades en las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno en los hechos donde aparecía mencionado, causa en la que el juez Marcelo Martínez De Giorgi procesó al amigo del remisero, Jorge Bacigalupo, que tuvo los anotadores en su poder.
La decisión de Casación se conoció este miércoles, a última hora de la tarde, previo a un fin de semana largo. Se dio en el marco de otra catarata de resoluciones luego de un largo período de silencio en el expediente. A fines de mayo, la fiscal Fabiana León denunció al tribunal oral por retardo de justicia en dos de los expedientes que conforman la megacausa Cuadernos, que nació con las anotaciones del remisero Oscar Centeno pero a la que se le sumaron otros expedientes conexos -algunos existentes, otros que nacieron de los propios dichos de los arrepentidos-. En dos resoluciones paralelas, la Sala I y la Sala IV del máximo tribunal instaron a los jueces del Tribunal Oral a avanzar con el juicio oral. Fue elevado por el juez Claudio Bonadio a fines de 2019 y aún no tiene fecha de juicio.
En la cuenta regresiva para que, en un mes y diez días se cumpla el sexto aniversario de que aquel escándalo se hiciera público con allanamientos, detenciones y cataratas de arrepentidos, la fiscal León apuraba que el caso llegara a juicio oral con todos los implicados en el banquillo: desde Cristina Kirchner y sus funcionarios hasta los principales hombres de negocio que aceptaron declarar como imputados-colaboradores y detallar los pagos que habían hecho en los viajes que encabezaba el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta. Esos viajes quedaron detallados en los cuadernos de su chofer Oscar Centeno y que dieron origen a este expediente.
Con el impacto del caso, la causa sumó detenciones y arrepentimientos. El primero fue el propio Oscar Centeno. Después optó por ese camino uno de los empresarios, Juan Goicochea, sobre los que pesaba orden de captura. Llegó de vacaciones a Buenos Aires, luego de esquiar. Sabía que iban a detenerlo. Antes de ir preso, también prefirió el acuerdo con la fiscalía. Así se abrió un efecto dominó que continuó durante semanas, con ex funcionarios y hombres de negocios desfilando entre la alcaidía, la fiscalía y el juzgado.
fuente:infobae
